Otro golpe al Gobierno: el Senado ratificó las leyes vetadas sobre universidades y Garrahan

El Senado volvió a darle la espalda al Poder Ejecutivo y ratificó por amplias mayorías las leyes de Emergencia en Salud Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pese a los vetos presidenciales. Con 59 votos afirmativos para la primera y 58 para la segunda, la Cámara alta completó el trámite parlamentario y convirtió en ley ambas iniciativas.

El resultado marca un nuevo golpe político para la Casa Rosada, que llega a este debate en un momento de debilidad, cruzada además por las acusaciones lanzadas en los últimos días por el diputado y candidato oficialista José Luis Espert. Pese a los esfuerzos del ministro del Interior, Lisandro Catalán, por recomponer puentes en las últimas semanas, el oficialismo quedó otra vez aislado y sin margen de maniobra frente a una oposición consolidada.

Las votaciones fueron muy similares a las que se dieron en la sanción previa al veto de fines de agosto. Los únicos que votaron en contra de las iniciativas fueron los senadores libertarios junto con sus aliados Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero. El dato llamativo llegó de la mano de la jujeña Vima Bedia, de La Libertad Avanza, que se ausentó al momento de emitir el voto, pese a que estuvo presente durante la sesión.

Juan Carlos Romero, también cambió de posición respecto a agosto y, en lugar de abstenerse, votó a favor de ambas iniciativas. Mientras que la radical santafecina, Carolina Losada, que había votado en contra del financiamiento universitario, en esta oportunidad se abstuvo. Salvo algunas mínimas excepciones, los senadores replicaron su conducta en favor de ambas leyes, que ya habían sido sancionadas superando ampliamente los dos tercios de los votos.

“No hay plata… salvo cuando sí hay”

La consigna presidencial de que “no hay plata” fue cuestionada durante buena parte del debate, y varios senadores remarcaron que el Gobierno sí encuentra recursos para otras medidas. Eduardo “Wado” de Pedro señaló que “en vez de reconocer que vinieron a destruir y desarmar el Estado, dicen que no hay plata”, pero recordó que, por la desregulación de las billeteras virtuales, “se perdieron en los últimos meses 8 mil millones de dólares” y que con la baja temporal de retenciones “el Estado argentino perdió 1.500 millones en tres días, el mismo monto que falta para financiar a las universidades”.

En la misma línea, Lucía Corpacci defendió la emergencia pediátrica y apuntó que “el argumento del veto es vergonzoso: nos dicen que 115 mil millones de pesos desequilibran las cuentas, mientras que la eliminación de retenciones le costó al país 1.500 millones de dólares en apenas tres días para beneficiar a cinco cerealeras. ¿De verdad quieren convencernos de que lo que desequilibra es lo primero y no lo segundo?”.

La larretista Guadalupe Tagliaferri también usó el mismo argumento discursivo. Según la senadora, “el 'no hay plata' se transformó en un relato insostenible y en realidad era una excusa para no hacer frente a los problemas porque no eran prioridad".

Otro ejemplo es el del radical Martín Lousteau, quien advirtió: “Dicen que no hay plata. Yo voy a decir: un médico residente, no un becario como dice el jefe de gabinete, gana alrededor de 800 dólares. Un Fred Machado paga 20 años de un residente. Las coimas que salieron en los audios de Andis, 800 mil dólares por mes, pagan mil residentes por mes. Los 1.700 millones de dólares que se gastó en tres días el gobierno para tratar de conseguir dólares de las cerealeras, pagan 12 años del presupuesto del Garrahan. En tres días se gastaron 12 años del presupuesto del Garrahan. Pero no hay plata".

En cambio, desde el PRO -la fiel aliada del oficialismo- Carmen Álvarez Rivero, refirió que “cuando rectores y consejos traigan un proyecto serio de transformación de las universidades, cuando dejen de usar a los estudiantes para movilizarlos políticamente y expliquen cómo van a ahorrar, entonces valdrá la pena discutir”, y sostuvo que “la prioridad número uno en este país es el trabajo, y no estamos discutiendo la reforma laboral que esperan diez millones de argentinos”.

El libertario Ezequiel Atauche, por su parte, centró su discurso en la supuesta utilización política de “causas nobles” con fines electorales. El jujeño insistió en que el kirchnerismo busca “utiliza la salud de los niños como bandera electoral”, respecto a la ley de Garragan y, respecto al proyecto educativo, “armaron estructuras universitarias para financiar sus campañas políticas”.

Las claves de la ley de financiamiento universitario

La ley prevé actualizar las partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología al 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación de 2023 y 2024. Además, establece incrementos bimestrales por IPC durante 2025 y una recomposición salarial para docentes y no docentes, con actualización mensual por inflación.

La iniciativa llega tras el veto de Javier Milei a una ley similar en octubre de 2024, decisión que en su momento había sido ratificada por Diputados. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pese a un aumento del 29% decretado por el Ejecutivo, el presupuesto para 2025 se ubica en su nivel más bajo en dos décadas, con una caída real del 32% desde 2023, lo que compromete el funcionamiento de las universidades y el acceso a la educación superior gratuita.

Emergencia pediátrica: ¿Qué propone la ley?

La norma establece la asignación prioritaria de fondos para garantizar medicamentos, vacunas, insumos críticos, equipamiento, mantenimiento edilicio y personal destinado a la atención infantil en todo el país.

Dispone la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que trabaja con población pediátrica. Incluye a residentes de todas las especialidades en hospitales pediátricos y generales.

Exime del pago de Ganancias a los trabajadores de la salud, en efectores públicos y privados— por actividades críticas, horas extras y guardias.

Autoriza la compra directa de insumos y fármacos esenciales para hospitales pediátricos, a través de mecanismos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.