Cada 16 horas muere una persona detenida, encarcelada o intervenida por las fuerzas de seguridad

Para construir el registro, el CNPT cruzó la información de fuentes oficiales de las 24 jurisdicciones con los aportes independientes del Poder Judicial, de los mecanismos locales de prevención de la tortura y de otros organismos de control en un trabajo de sistematización inédito en el país.

El 94% de las personas fallecidas eran varones; el 4%, mujeres; y el 0,5%, personas trans. Más de la mitad de las personas que murieron privadas de su libertad o intervenidas por las fuerzas de seguridad tenía menos de 40 años. En esa franja etaria, el riesgo de morir privado de libertad duplica al de quienes no están detenidos.

Además, el informe advirtió que si bien la tasa de encarcelamiento de Argentina es más baja que la de países vecinos, la mortalidad en las cárceles alcanza niveles similares e incluso superiores.

De qué mueren las personas privadas de la libertad, según el informe del CNPT

Las causas de muerte varían según el ámbito: en las cárceles predominan las enfermedades, que explican 7 de cada 10 fallecimientos; en las dependencias policiales y en la vía pública, en cambio, prevalecen las causas externas. Entre estas, el suicidio es la más frecuente, con una tasa cinco veces superior a la de la población general, mientras que los siniestros (incendios, electrocuciones e intoxicaciones) representan el 6,6%.

Por otra parte, el 17% de las muertes bajo custodia tiene causa no determinada, con versiones contradictorias e investigaciones en curso.

Qué es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

El CNPT es un organismo público ubicado institucionalmente dentro del Poder Legislativo que fue creado por la Ley N°26.827 en 2013 y comenzó a funcionar en diciembre de 2017. Es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y su función es el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro.

En el marco de sus funciones, diseña y recomienda acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promueve la aplicación de directivas y buenas prácticas, en un ámbito de cooperación con las autoridades de los tres poderes del Estado a nivel nacional y provincial.