Buenos Aires es la primera provincia en regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial

La provincia de Buenos Aires dio el primer paso institucional del país en materia de inteligencia artificial: aprobó un marco normativo obligatorio que regirá el desarrollo, la adopción y el uso de sistemas de IA en toda la administración pública. La medida convierte a la jurisdicción en la primera en fijar reglas precisas para un terreno donde la innovación avanza más rápido que la regulación.

La Resolución 9/2025, emitida por la Subsecretaría de Gobierno Digital y publicada en el Boletín Oficial, define estándares mínimos para cualquier organismo que implemente o contrate IA. El objetivo es garantizar que estas tecnologías se usen con transparencia, seguridad y respeto por los derechos fundamentales.

El texto se inscribe en un debate global sobre cómo gobernar la IA y retoma criterios de la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO. Plantea principios rectores como la neutralidad tecnológica, centralidad de la persona, privacidad, trazabilidad y responsabilidad y exige medidas de protección para evitar accesos indebidos o filtraciones en bases de datos oficiales.

La normativa establece una clasificación por niveles de riesgo. Los sistemas “inaceptables” quedan prohibidos, especialmente los que manipulen comportamientos, exploten vulnerabilidades o construyan perfiles de puntuación social. Los de “alto riesgo”, como la identificación biométrica o los vinculados a infraestructuras críticas y justicia, deberán pasar evaluaciones estrictas de impacto. Los de “riesgo limitado” y “nulo” tendrán exigencias menores, aunque igual deberán demostrar razonabilidad en su uso.

Desde ahora, los organismos públicos deberán advertir a la ciudadanía cuando interactúen con sistemas automáticos y registrar cada desarrollo en el nuevo Registro Provincial de Inteligencia Artificial, que gestionará la Dirección Provincial de Innovación Digital.

Especialistas consultados señalan que Buenos Aires no solo inaugura un estándar local sino que abre un antecedente para el resto del país. El movimiento podría empujar a municipios, provincias e incluso al Congreso a avanzar en regulaciones propias para un campo que ya atraviesa trámites, seguridad, salud y gestión de datos.