En plena crisis de vivienda en España, se desató una polémica por los 180 departamentos del Cholo Simeone

El técnico y su pareja Carla Pereyra construyeron una estructura patrimonial de más de 180 unidades y varias residencias estudiantiles, con activos por casi €40 millones, en pleno debate por el problema habitacional tras el desalojo de una mujer de 87 años que no podía pagar el alquiler

El entrenador de fútbol, Diego Simeone, y su pareja, Carla Pereyra, acumulan más de 180 inmuebles en Madrid a través de su estructura empresarial, según una investigación emitida por Equipo de Investigación, un reconocido ciclo de televisión en el país europeo. El dato se conoció en medio del fuerte debate por la crisis habitacional que atraviesa España.

La cartera también incluye residencias para estudiantes y se gestiona mediante Carpersim, la sociedad creada por la pareja para desarrollar operaciones de compra, alquiler y explotación de propiedades. Las últimas cuentas disponibles corresponden al ejercicio 2024 y reflejan activos por casi €40 millones, de acuerdo con los datos difundidos.

Diego Simeone y Carla Pereyra son pareja y socios de un negocio inmobiliario en Madrid.

Diego Simeone y Carla Pereyra son pareja y socios de un negocio inmobiliario en Madrid.

El recorrido de la pareja en el sector comenzó con una estrategia centrada en adquirir viviendas para obtener rentabilidad mediante los alquileres, aunque después el esquema sumó proyectos de mayor escala. La primera inversión inmobiliaria de Simeone se ubica en 2017, cuando participó junto a otros socios en la construcción de un edificio en Salamanca.

Pereyra es quien se encarga de la administración del patrimonio, ya que su vínculo familiar con la arquitectura y sus experiencias previas en el rubro fueron factores determinantes para la expansión del negocio. Desde la capital española, la empresa también comercializa las propiedades mediante una agencia propia y analiza nuevos desarrollos.

La magnitud del negocio alcanzado por la pareja contrasta con el escenario habitacional español, donde la falta de oferta y el aumento de los precios mantienen abierto un conflicto social y político. En Madrid, el alquiler alcanza €22,40 por metro cuadrado mensual, una de las cifras más elevadas de la región, según el índice de Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios de referencia en España.

En ese contexto, Simeone aseguró que su proyecto personal no está atado para siempre a Europa y que la idea es regresar a su país cuando termine su etapa como entrenador: "Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde si no? Es mi país".

Murió Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en Madrid que generó una ola de protestas

Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había sido desalojada de su vivienda en Madrid el pasado 23 de septiembre, murió después de permanecer quince días internada. Su caso generó una fuerte repercusión en España y se convirtió en uno de los símbolos del reclamo por el acceso a una vivienda digna.

El desalojo provocó movilizaciones en la capital española, donde miles de personas reclamaron medidas contra los desahucios bajo el lema "Ni una Maricarmen más". El Sindicato de Inquilinas impulsó además el llamado "decreto Maricarmen", que proponía extender contratos, congelar precios y regular los alquileres temporales y por habitaciones.

El desalojo de Maricarmen Abascal provocó masivas protestas en Madrid.

El desalojo de Maricarmen Abascal provocó masivas protestas en Madrid.

La situación también generó una reacción del papa León XIV, quien cuestionó que una persona mayor y con discapacidad pudiera terminar fuera de su hogar. "Tenemos que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos", expresó el pontífice, antes de reclamar respuestas que atiendan las causas estructurales de la crisis habitacional.

El caso de Abascal reactivó el debate sobre las políticas de vivienda en España y dejó bajo presión las medidas impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Las dos normas vinculadas con la crisis habitacional fueron rechazadas en el Congreso y ahora quedaron a consideración de la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes.

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