Por segundo año consecutivo, el Congreso aprueba una ley para financiar a las universidades

La media sanción en la Cámara de Diputados, lograda el 7 de agosto, fue un antecedente clave: la oposición reunió allí una mayoría amplia que, si bien quedó a un solo voto de los dos tercios, anticipó el respaldo político que terminó consolidándose en el Senado con mayor contundencia.

En esta oportunidad, quienes se opusieron a la ley fueron los seis legisladores libertarios, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling del PRO; Francisco Paoltroni; y la radical Carolina Losada. La senadora santafecina fue la única que cambió su voto rotundamente: en septiembre del 2024 votó a favor de la ley. Juan Carlos Romero, Victoria Huala y Andrea Cristina se abstuvieron, mientras que Alfredo De Angeli se ausentó en el momento de la votación. El resto de los legisladores acompañaron la iniciativa.

"Gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula, se avanza sin rumbo claro", sostuvo el senador Maximiliano Abad, en una crítica directa al Ejecutivo.

El proyecto establece una actualización de las partidas presupuestarias al 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada de los dos últimos años. Además, desde su sanción y hasta fin de año, prevé incrementos bimestrales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En paralelo, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, también ajustada por inflación, y actualizaciones mensuales a futuro.

"Comparto este nuevo sistema de actualización en base al IPC, es muy oportuno para que lo remunerativo pueda acompañar el impacto de la inflación. También apoyo la partida especial para investigación y becas", destacó el senador radical Víctor Zimmerman.

El oficialismo ya anticipó su rechazo. Tras la media sanción en Diputados, La Libertad Avanza —el partido del presidente Javier Milei— publicó en su cuenta de X: “El superávit fiscal no se negocia”, lo que fue interpretado como el anuncio de un nuevo veto presidencial.

La ley también contempla partidas específicas para becas estudiantiles, subsidios a la investigación y el funcionamiento de hospitales universitarios. Sin embargo, hasta el momento no hay una estimación oficial de su impacto fiscal. “La inversión en educación superior es hoy del 0,43% del PBI, cuando históricamente ha sido del 0,80%”, advirtió el senador Fernando Salino, citando un informe de la CONADU publicado en junio. En 2024, cuando se trató un proyecto similar, el Senado había solicitado un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), pero esta vez no hubo pedido de evaluación técnica.

Aun sin datos actualizados, fuentes legislativas estiman que el impacto sería similar al de aquella iniciativa vetada: alrededor del 0,14% del PBI. La negativa del Gobierno, sin embargo, no se basa en ese cálculo, sino en una definición política: mantener el equilibrio fiscal como prioridad, incluso frente a demandas como el financiamiento universitario.

Aunque la nueva norma vuelve a marcar un respaldo contundente del Congreso al sistema universitario, todo indica que el Gobierno repetirá la estrategia del año pasado: el veto. Por ese motivo, la oposición busca mostrar músculo por anticipado con votaciones que muestran amplio apoyo, consolidados en los dos tercios de los votos.