Prepagas: una decisión demora el fallo por el reclamo judicial del Estado contra las empresas

Una jueza aseguró que el reclamo del Gobierno contra las empresas de salud privada tiene “carácter colectivo” y derivó el expediente a otro magistrado.

La jueza civil y comercial federal Mercedes Maqueira resolvió enviar la demanda que interpuso el Estado Nacional contra 23 prepagas, a otro juzgado donde tramita el primer amparo colectivo por el DNU 70/23, que permitió a las empresas cobrar los aumentos cuestionados, lo que supone un revés para el Gobierno.

En su resolución, la jueza decidió que ambos expedientes deben tramitar ante un mismo magistrado y que el amparo solicitado por el Estado puede ser calificado “como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva”

Maqueira envió el expediente para que tramite junto a un caso iniciado por un particular contra una de las empresas, conocido como el caso Wilson, el primero en ser declarado de incidencia colectiva.

jueza Mercedes Maqueira.

Ambos expedientes con la misma finalidad

"Llego a esa conclusión no sólo porque en ambos procesos se busca tutelar a la salud como bien colectivo e indivisible, sino también porque, si bien el objeto de uno y otro expediente difieren en cuanto a su formulación, coinciden en cuanto a su finalidad”, argumentó la jueza.

“Ambos buscan retrotraer los aumentos de precios verificados en el servicio de medicina prepaga a partir del dictado del decreto referido y persiguen -por diferentes fundamentos- que una autoridad estatal tenga participación en la determinación de la magnitud de los incrementos a aplicar"

Para la jueza, la decisión que se adopte en uno y otro proceso debe ser dictada por un mismo magistrado, ya que de lo contrario se genera el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en el otro”.

Así, la magistrada ordenó “la acumulación de las presentes actuaciones a los autos caratulados “Wilson, Eduardo Santiago c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo” que tramita ante el Juzgado N° 3.

Ahora el expediente que inicia el propio Estado llegará a manos del juzgado a cargo de Juan Rafael Stinco que deberá analizar primero si acepta los argumentos de su colega y por ende suma el caso. Todo ello demorará una resolución relacionada con las 23 empresas demandadas.

La acción judicial es independiente de la resolución administrativa de la Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de Economía, que obligó a las prepagas a bajar los precios.

El pedido judicial del Estado

La acción de amparo que promovió la Superintendencia de Servicios de Salud tiene por objeto que se condene a las empresas -con carácter urgente- “al cese de su actitud abusiva frente a sus afiliados, consistente en los aumentos -tildados de desmedidos- en las cuotas por prestaciones de salud”.

Esos aumentos se efectivizaron con posterioridad al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Se solicitó que sólo se permita un eventual incremento “conforme a los índices que se estimen más convenientes”

Más precisamente, se pretende que se dejen sin efecto los incrementos en las facturas por el servicio de cobertura médico asistencial prestado por las accionadas por su condición de abusivos, retrotrayendo los valores al 1° de diciembre de 2023, con los ajustes de acuerdo a los índices que el juzgado establezca.

Además, el organismo solicita que las empresas de medicina prepaga demandadas reintegren y/o devuelvan las cantidades percibidas en forma presuntamente indebida.

Las empresas alegaron que la acción no tiene un objeto regulatorio, sino un fin destinado a tutelar la libre competencia “frente a prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y el exceso en la determinación arbitraria e injustificada de esas cuotas, que no guardan correlato con los indicadores que refleja el Mercado”

El reclamo está dirigido a empresas que del total de la población representan el 91,19% que integra el subsector de usuarios de la medicina prepaga, y se reservó el derecho ampliar la demanda contra el total de universo de aquellas.

Las prepagas demandadas

La Superintendencia de Servicios de Salud promovió la acción de amparo contra Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), Swiss Medical S.A., Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científico, Omint S.A. de Servicios, Galeno Argentina S.A.. Medifé Asociación Civil, Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Medicina Prepaga Hominis S.A.

Las lista continúa con Medicina Esencial S.A., Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales. Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Ltda., Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud S.A., Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A.. MET Córdoba S.A., Hospital Alemán Asociación Civil, Grupo DDM S.A., Asociación Hospital Británico de Buenos Aires, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

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