El presidente Javier Milei no se deja amilanar por las denuncias en su contra y su entorno, ni por la crisis política que derivó de las conexiones narco de José Luis Espert ni por la turbulencia financiera que salvó en el último minuto el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Tampoco, por supuesto, por el sufrimiento de buena parte de los argentinos que padecen la recesión de la economía real de modo cotidiano.
En San Nicolás, en una planta de la empresa siderúrgica SIDERSA, realizó anuncios en el marco del que denominó "Plan Argentina Grande otra vez" que muestran que, aún en contextos de mucha presión en su contra, no se desvía ni un centímetro del programa que vino a llevar adelante para beneficio del sector más concentrado de nuestro país.
Desde hace tiempo, está claro que lograr gobernabilidad es un objetivo instrumental para los libertarios. Lo verdaderamente importante sigue siendo, poder avanzar en las reformas estructurales que los sectores de poder de la Argentina y el mundo exigen. Por eso, su anuncio supone el esfuerzo de conseguir los números para defender esas iniciativas. En San Nicolás volvió a prometer una reforma tributaria y otra laboral, acordes a las exigencias del FMI, que son también las exigencias del complejo empresarial- mediático- judicial vernáculo.
De la vinculada a lo impositivo dice menos pero ésta claro que no está destinada a suprimir los impuestos más regresivos sino a morigerar el impacto de los progresivos. En cuanto a la laboral, anunció que impulsará una renegociación de los convenios colectivos de trabajo: "El objetivo es impulsar nuevas negociaciones colectivas que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años. Esto fomentará la negociación y el vínculo entre la parte empleadora y la parte sindical", expresó.
Como tantas otras veces, el argumento de que la informalidad se debe al “costo laboral” aparece como canto de sirena para quienes sufren los rigores del proceso de degradación de la economía. El sector pyme es el más invocado a la hora de fomentar estas reformas por los mismos gobiernos neoliberales que generan las condiciones materiales de su destrucción. Según un informe del grupo Atenas, entre diciembre de 2023 y junio de 2025, en la Argentina cerraron 16.322 empresas, el equivalente a 28 por día, con una pérdida asociada de 236.139 empleos formales. El trabajo —redactado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli— define el momento actual como una "glaciación productiva".
La razón por la que buena parte de la conducción de la Unión Industrial Argentina no es más crítica con el oficialismo es que está esperando estos cambios. Elige perder dinero -de todos modos los empresarios lo ganan en el carry trade- como inversión para luego gozar de los beneficios de una estructura fiscal y laboral más favorable a sus intereses. No es la primera vez en la historia argentina que esto sucede.
Ya pasó con el plan Martínez de Hoz, la larga década de los ‘90 y el macrismo. Y siempre sale mal. Por eso queda trunco. Es por esta razón que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional fue muy explícita en relación con el tema. “Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, dijo Georgieva.
El propio Scott Bessent -muy al tanto de todo lo que sucede en nuestro país- dejó supeditada la profundización del apoyo financiero a que el gobierno gane las elecciones. Bessent también fue muy claro en lo que esperan. Que China pierda injerencia en la región, con la Argentina como caso testigo. La propia embajada del país asiático acusó a Washington, a través de un comunicado divulgado en redes sociales, de tener una "mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría", lo que lleva a sus funcionarios a "moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas". Lo que los chinos ven, parece no tener importancia para las élites locales, que continúan apoyando un esquema de entrega de soberanía alarmante.
El gobierno, junto a Bessent y Georgieva entienden que estas elecciones de medio término pueden marcar un quiebre a favor o en contra del proyecto que avalan, y por eso han decidido volver a poner mucho dinero para sostener un programa que tiene visos de inviabilidad cada vez más marcados. Con Macri les salió mal en el corto plazo pero dejaron instaladas las condicionalidades que luego, vía la defección de Alberto Fernández, terminaron poniendo a Javier Milei en la casa Rosada.
Los libertarios y sus patrocinadores sacan cuentas y miran encuestas porque saben que lo que se juega es mucho. La oposición peronista, aún maniatada por sus propias internas, no termina de hacer pie en su discurso de oposición tajante, con su principal líder detenida y proscrita. El bloque de gobernadores de Provincias Unidas se reúne y publican documentos con duras críticas que contradicen los hechos posteriores.
Gracias a los legisladores que responden a esos mandatarios y a otros del peronismo, el oficialismo logró retrasar la aprobación de la ley que limita los decretos de necesidad y urgencia presidenciales, uno de los instrumentos con los que Milei ha plasmado su plan motosierra. En la semana en la que se cumplen 80 años del histórico 17 de octubre, Bessent y Georgieva reemplazan a Braden en la fórmula pero el peligro colonial sigue siendo el mismo.