Organizaciones sociales y políticas, en contra de la designación por decreto en la Corte Suprema

Un grupo de organizaciones y redes se manifestaron en contra de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia de parte del presidente Javier Milei, medida que consideraron "un grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional" en el máximo tribunal. "Nos resistimos a que se lleven puesta la Constitución Nacional y el Estado de Derecho", subrayaron.

Las agrupaciones señalan que el Decreto 137/2025, que formaliza estas designaciones, se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, que exige el acuerdo del Senado para tales nombramientos. "La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos busca evitar que un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza sin el debido consenso", destacaron.

"El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considere que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, y su silencio no habilita un atropello institucional de esta magnitud", indicaron.

Además, estas organizaciones destacan que la decisión ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos, habilitado en cumplimiento del Decreto 222/03. "Las diversas impugnaciones presentadas argumentaron la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como preocupaciones sobre algunas de sus visiones", manifestaron.

También destacaron que solo tres mujeres, frente a 104 hombres, han logrado alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando "el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo de postular mujeres que reúnan las más altísimas cualidades para ocupar el cargo".

Las agrupaciones plantearon que las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. "Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, dejando a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria", afirmaron.

Finalmente, las organizaciones enfatizaron que la búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico.

"El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad", concluye el comunicado.

El comunicado completo contra la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia

Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema

La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional.

La designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de "llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por decreto. La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, pretende justamente evitar que el representante de un solo partido politico pueda nombrar a un juez o jueza. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud.

Además, avanzar en este sentido ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos, que se habilitó en cumplimiento del Decreto 222/03. En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo de postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo.

Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.

La búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico. Por lo demás, si la preocupación es el funcionamiento eficiente de la Corte con sólo tres integrantes, dicho tribunal dispone de los mecanismos institucionales necesarios para funcionar así hasta su debida y necesaria integración.

El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad.

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), Amnistia Internacional, Area Salud, Economia y Sociedad de CEDES, Asociación Civil Libera, abogacia feminista, Asociación Civil por el Cumplimiento de los Derechos Humanos (ACUDH), Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asuntos del Sur, Campaña Gqual, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectiva Feminista La Revuelta, Neuquén, Patagonia Argentina, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación Mujeres x Mujeres, Fundación para el desarrollo de politicas sustentables (Fundeps), Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Poder Ciudadano, Fundación Sergio Karakachoff, Fundación Sur, FUSA AC, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Laboralistas Platenses, Liderar Mujer, Multi-Palabras Santa Fe, Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho, UBA, Red de Profesoras de Derecho, UBA, Red de profesoras, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, UNLP, Red Mujeres para la Justicia, Salta Transparente.