Lejos de ser una excentricidad inmobiliaria, la mirada de Washington sobre el Ártico responde a una prioridad de seguridad nacional. Entre el deshielo que abre nuevas rutas, la carrera por romper la dependencia tecnológica con China y la necesidad de blindar el hemisferio ante misiles balísticos, Groenlandia se erige como uno de los activos más codiciados del tablero global.
Cuando Donald Trump —apenas reelecto en enero de 2025— definió la propiedad de Groenlandia como una “necesidad absoluta de seguridad nacional” y amenazó a Dinamarca con aranceles punitivos, la polémica escaló a nivel global, con especial impacto en la Unión Europea (UE). Desde otra dimensión, para quienes analizamos las turbulencias del escenario internacional, esta ambición de influencia no debería resultar sorpresiva.
En realidad, esto responde a un patrón histórico de la política exterior estadounidense. El primer intento data de 1867: tras la compra de Alaska, el Departamento de Estado exploró la adquisición de Groenlandia e Islandia, reconociendo su valor como llave del Atlántico Norte. La historia se repitió en 1946, cuando la administración Truman ofreció 100 millones de dólares en oro, alegando que la isla era vital para asegurar la ruta de bombarderos estratégicos contra la Unión Soviética. Desde entonces, la idea de adquirir Groenlandia reaparece periódicamente en la agenda estratégica de Washington.
Sin embargo, más que una compra, lo que está en juego es una ingeniería jurídica diseñada para garantizar control estratégico sin ocupación formal.
Ahora bien, para entender esta persistencia histórica, es necesario situarse en una dualidad clave: Groenlandia es políticamente europea, pero geológicamente es una extensión de América del Norte. Es la isla más grande del mundo, un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca de apenas 57.000 habitantes —en su gran mayoría de población originaria inuit— que poseen algo más determinante que su ubicación: el derecho legal sobre su subsuelo.
En el terreno de lo fáctico, la dimensión más tangible del interés estadounidense reside en la geología. El territorio danés alberga uno de los depósitos de tierras raras y uranio más grandes del mundo aún sin explotar. Estos 17 elementos químicos metálicos son el "petróleo" del siglo XXI: resultan esenciales para fabricar la mayoría de la tecnología moderna que nos rodea. Tal es así que también son imprescindibles para la transición energética —debido a la construcción de imanes para vehículos eléctricos y turbinas eólicas— y para la industria de defensa —sistema de guía de misiles, aviones F-35 y submarinos clase Virginia—.
El núcleo del problema para Estados Unidos es que actualmente solo un país domina mayoritariamente la cadena de suministro global: la República Popular China. Para el Pentágono, depender de su principal rival sistémico constituye una vulnerabilidad crítica y una amenaza vital. Es aquí donde Groenlandia aparece como la única alternativa viable a mediano y largo plazo para romper este cerco.
Debido a esta puja, es interesante observar que la Casa Blanca ha comenzado a mover fichas para financiar con 120 millones de dólares el desarrollo de Tanbreez, el depósito de tierras raras más grande del mundo por volumen.
A pesar de estas intenciones, aun si Estados Unidos comprara o anexara Groenlandia por sus minerales, no cuenta hoy con la capacidad técnica para explotarlos. Este tipo de minería es un proceso químico complejo que Occidente está en fases incipientes de desarrollar. A su vez, requiere una gran inversión en logística para conectar los asentamientos en la isla.
Por otro lado, la sociedad groenlandesa presenta una gran resistencia social debido al temor por el daño ambiental y el arraigo ancestral por su tierra que consideran sagrada. Frente a ello, las encuestas de enero de 2025 son contundentes: el 85% de los groenlandeses se opone a convertirse en territorio de EE. UU.
Esto refleja el fuerte sentimiento de identidad nacional inuit que rechaza la asimilación. Su primer ministro Frederik Nielsen fue claro: "No queremos ser estadounidenses. No queremos ser daneses. Queremos ser groenlandeses".
No obstante la riqueza mineral de la isla, la ubicación de Groenlandia es funcional a los objetivos de seguridad nacional de Washington. El territorio ártico funciona en la práctica como un gigantesco portaaviones estático que domina el Atlántico Norte, permitiéndoles mantener una vigilancia constante sobre sus adversarios euroasiáticos.
Lo sustancial es la joya que poseen: la Base Espacial de Pituffik. Es la instalación militar más septentrional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esta base es el "ojo" del sistema de alerta temprana: sus radares son los encargados de detectar lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales desde Rusia o China, proporcionando los minutos críticos necesarios para una intercepción.
En paralelo, se disputa el control de la brecha GIUK establecida entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, a raíz de que es el punto de estrangulamiento naval más importante del hemisferio. El mismo es un cuello de botella en el océano del Atlántico Norte que conecta el Ártico con el Atlántico, sumado a que es clave para el transporte entre Europa y Norteamérica.
Este espacio es la puerta que los submarinos rusos deben cruzar para amenazar el Atlántico. Según analistas navales, durante el 2025 la actividad submarina de Rusia iguala o supera los picos de la Guerra Fría debido a la intensificación de su militarización en el Ártico, como parte de la estrategia de largo plazo de controlar las rutas marítimas polares, los recursos energéticos y los puntos de acceso militar. Debido a la similitud con los objetivos estadounidenses, la isla ártica es declarada por la administración Trump como un imperativo de supervivencia.
La dimensión económica completa el cuadro estratégico: el retroceso del hielo marino en el Ártico por consecuencias del cambio climático está habilitando nuevas rutas que prometen revolucionar el comercio internacional. En estos momentos, el llamado "Paso del Noroeste" comienza a perfilarse como una ruta comercial capaz de reducir entre 10 a 15 días los tiempos de envío entre Asia y Europa, con un potencial recorte de 57% en los costos de transporte. De consolidarse, estos cambios abrirían una competencia directa con los canales de Panamá y el Suez. Quien controle Groenlandia dominará el peaje de la ruta comercial del futuro.
En términos jurídicos, ¿es viable legalmente lo que plantea Trump? La respuesta corta es no. Dinamarca no posee la soberanía absoluta para vender Groenlandia como si fuera una propiedad feudal. Cualquier transacción sin el visto bueno del parlamento local es nula, dado que la tierra allí es de propiedad pública y no se puede comprar ni vender.
Paralelamente, contrario a la narrativa oficial y a los titulares escandalosos, la estrategia real de Trump no es una compra directa al estilo del siglo XIX. El objetivo pragmático podría ser mucho más sofisticado: forzar o financiar la independencia de la isla para integrarla inmediatamente en un Tratado de Libre Asociación (COFA). Bajo este modelo, la isla sería soberana internacionalmente, pero cedería a Washington la responsabilidad total y exclusiva de su defensa.
Para ponerlo en cifras: Dinamarca cubre actualmente más del 50% del presupuesto público de la isla con un subsidio anual de aproximadamente 600 millones de dólares. Para el tesoro estadounidense, esa cifra es un error de redondeo en su presupuesto de Defensa; para Groenlandia, es la diferencia entre la supervivencia y el colapso. La oferta implícita sugiere cambiar coronas por dólares.
De concretarse, este mecanismo tendería a configurar a Groenlandia como un Estado fuertemente dependiente de Estados Unidos, bajo una narrativa formal de emancipación. La clave de este tratado es que otorga el derecho de veto sobre el uso del territorio por fuerzas militares de terceras naciones. En castellano: un bloqueo legal permanente contra cualquier base china o rusa en el Ártico.
En este escenario, emerge otra alternativa menos formal y por fuera de los marcos clásicos del Derecho Internacional: un eventual acuerdo entre Estados Unidos y la OTAN que le garantice a la potencia norteamericana acceso a aquellos ámbitos que considere estratégicos —como la posibilidad de ceder soberanía sobre pequeñas zonas de Groenlandia, donde construiría bases militares, según aseguró The New York Times—.
Con este entendimiento, se busca recomponer el vínculo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, más que una crisis coyuntural de confianza, lo que emerge es una relación crecientemente asimétrica, que reduce el margen de previsibilidad de los líderes europeos frente a Donald Trump. En el plano discursivo, además, el foco en escenarios como Venezuela, Irán o Groenlandia desplaza del debate central la guerra en Ucrania, un conflicto de importancia estratégica para Europa.
De lograr este acuerdo, funcionaría como un bypass institucional: se ignoraría la burocracia política de Bruselas para negociar “seguridad dura” directamente con las estructuras militares de la OTAN. Esto confirmaría la irrelevancia creciente de la diplomacia europea frente al poder fáctico estadounidense, consolidando una relación transatlántica de dos velocidades: parálisis en lo político, pero subordinación operativa en lo militar.
En este esquema, el Pentágono sabe que una ocupación militar directa es inviable y costosa. Europa, por su parte, no aceptaría una agresión a un socio de la organización transatlántica. Por eso, la guerra no será con tanques, sino con abogados y chequeras: la estrategia es la asfixia diplomática a Dinamarca y la seducción financiera a Groenlandia y a los intereses de la OTAN frente a Rusia.
Al final del día el mensaje es claro. Ya sea mediante la presión diplomática o de los dólares, Estados Unidos actúa como si el Ártico fuera una extensión natural de su esfera de influencia, tal como dicta la Doctrina Monroe: América para los Americanos —estadounidenses—. La pregunta no es si Groenlandia caerá bajo la órbita de Washington, sino bajo qué figura legal lo hará. En la geopolítica de grandes potencias, la soberanía de los pequeños suele ser la primera víctima de la necesidad estratégica.
La soberanía de Groenlandia difícilmente alcance autonomía real en el corto plazo, pese al anhelo de su población. A la histórica disputa por la independencia del Reino de Dinamarca se suma ahora la presión de la principal potencia militar del sistema internacional, que avanza sin disimulo sobre el tablero ártico. En el inicio de 2026, las grandes potencias ya no necesitan conquistar territorios: pueden reconfigurarlos jurídicamente. En ese proceso, la soberanía deja de ser un derecho absoluto para convertirse en una moneda de cambio estratégica.
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