La ministra de Seguridad cuestionó al magistrado que ordenó que la Policía de la Ciudad custodie la marcha de jubilados y no permita la intervención de las fuerzas federales.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
Más de treinta magistrados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresaron su “rechazo y profunda preocupación” por la denuncia que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, efectuó contra el juez Roberto Andrés Gallardo, luego que este dictara una medida cautelar señalando la autonomía porteña en materia de seguridad pública.
A través de una nota dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura de CABA, Karina Leguizamón, las juezas y jueces advirtieron que “el accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias"
En ese sentido, aseguraron que esta conducta se traduce en un claro menosprecio "de la independencia judicial y de la autonomía porteña consagradas constitucionalmente”. "No puede soslayarse que el acierto o desacierto de una decisión judicial solo debe ser ponderado en una instancia revisora a través de los mecanismos procesales disponibles en el marco del trámite judicial correspondiente", agregaron.
Por esta razón, solicitaron que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad rechace la aludida denuncia “de modo urgente". El pedido se suma a los presentados ante Leguizamón por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el Capitulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), entidad consustanciada con las ideas del Papa Francisco y que reúne a magistrados de todo el país.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo que le ordenaba encargarse del operativo de seguridad durante las marchas de jubilados de los miércoles. La Procuración General presentó la apelación y pidió que se revoque lo dictado por el juez Roberto Gallardo, quien, además, había dispuesto que el Ministerio de Seguridad Nacional no intervenga en el despliegue policial. "Nosotros vamos a garantizar la seguridad en CABA", señaló Jorge Macri.
El magistrado había hecho lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con la CGT y los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para evitar la participación de fuerzas federales.
El Ejecutivo porteño solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
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