El Congreso recibió un nuevo impulso para debatir la regulación de la eutanasia, luego de que legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaran en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca garantizar la opción de ayuda médica para poner fin a la vida de personas con padecimientos severos, previendo su posible tratamiento al inicio de las sesiones ordinarias de 2026.
La propuesta legislativa, liderada por el diputado mendocino Lisandro Nieri y acompañada por las firmas de otros cinco miembros de su bloque, retoma una demanda histórica del radicalismo. Su objetivo central es "garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles".
Actualmente, el marco legal argentino se rige por la Ley 26.742, que modificó la Ley 26.529 sobre Derechos del Paciente e incorpora la figura de la "muerte digna". Esta legislación permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos y los habilita a decidir si desean que una enfermedad avance, incluso si ello conduce a la muerte, pero no contempla la asistencia médica activa para acelerar el deceso.
El texto presentado busca ir más allá de la "muerte digna" al establecer un mecanismo para la eutanasia activa. Abre la posibilidad de garantías como la opción de revocar la decisión en cualquier momento del proceso y asegura la cobertura integral de la práctica por parte del sistema de salud tanto público como privado. Además, el proyecto prevé la aplicación de sanciones a quienes obstaculicen de manera injustificada el acceso al tratamiento por parte del paciente.
El antecedente de Uruguay, el primer país de la región en sancionar una ley de eutanasia
La iniciativa argentina llega poco después de que Uruguay se convirtiera en el primer país de Sudamérica en avanzar formalmente en esta regulación. En octubre de 2025, el Parlamento uruguayo aprobó una ley que legaliza y regulariza la muerte asistida.
El caso uruguayo es relevante ya que, si bien países como Colombia ya habían legalizado la muerte asistida mediante una decisión de la Corte Constitucional de 1997, y su práctica estaba normada por resoluciones del Ministerio de Salud, el Parlamento uruguayo fue el primero en sancionar una ley completa sobre la materia tras un debate que se extendió por cinco años.
La propuesta legal uruguaya propone que personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles puedan optar por la muerte asistida, siempre que medie su consentimiento expreso y reiterado.