El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo que le ordenaba encargarse del operativo de seguridad durante las marchas de jubilados de los miércoles. La Procuración General presentó la apelación y pidió que se revoque lo dictado por el juez Roberto Gallardo, quien, además, había dispuesto que el Ministerio de Seguridad Nacional no intervenga en el despliegue policial. "Nosotros vamos a garantizar la seguridad en CABA", señaló Jorge Macri.
El magistrado había hecho lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con la CGT y los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para evitar la participación de fuerzas federales.
El Ejecutivo porteño solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
"Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre", sostuvo el Jefe de Gobierno.
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La Justicia hizo lugar a un amparo que pidió que las fuerzas nacionales no participen del operativo de seguridad en las marchas de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires.
C5N
El recurso presentado, firmado por Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, considera improcedente la medida precautoria dictada por "la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes".
En los fundamentos expuestos por la Procuraduría se sostiene que la resolución del juez Gallardo es nula. Según informaron desde Uspallata, "la medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa". "La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento", añadieron.
"Además el Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la 'discrecionalidad técnica' para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad", plantearon.
La apelación sostiene también que el "pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal" porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad, además de "afectar el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad".
Los argumentos de la Justicia para ordenar al Gobierno porteño que organice el operativo de seguridad
El juez Gallardo cuestionó los últimos operativos que se llevaron adelante en las afueras del Congreso, que fueron dispuestos por la administración de La Libertad Avanza. "En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos", expresó.
"Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que 'proponen' asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación", advirtió en esta línea.
También, se refirió a la independencia de la Ciudad. "Aunque últimamente no lo parezca, las normas existen, los mandatos constitucionales también. La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio, nada de lo que acontece cada miércoles es novedoso: la omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas concentraciones se erige inconcebiblemente como un abandono de poder, cediendo autonomía, rebajando a las fuerzas de seguridad locales a simples espectadores o ayudantes", marcó.
El Gobierno denunció al juez que prohibió que las fuerzas federales intervengan en la marcha de jubilados
El Ministerio de Seguridad anunció que denunció por "mal desempeño en sus funciones" al juez Roberto Gallardo, luego de que ordenara que el Gobierno porteño organice el operativo que se desarrollará el miércoles en el marco de la nueva marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso y prohibiera la intervención de las fuerzas federales.
En una publicación en su cuenta de la red social X, el Ministerio de Seguridad confirmó la denuncia contra Gallardo, que fue presentada ante el Consejo de la Magistratura. "El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia contra el Juez Roberto A. Gallardo por mal desempeño en sus funciones", expresó.
En tal sentido, cuestionó al magistrado tras su resolución: "A través de decisiones sin respaldo legal, ha sobrepasado los límites de su rol con una clara intención política, interfiriendo en tareas exclusivas del Poder Ejecutivo y obstaculizando la labor de las Fuerzas Federales en la protección de los ciudadanos".
Ministerio de Seguridad comunicado
X (@MinSeguridad_Ar)
