Ley Ómnibus: privatizaciones y facultades extraordinarias, los ejes de la negociación en particular

Durante el fin de semana, el oficialismo y los bloques dialoguistas intentarán superar una serie de diferencias que aún mantienen en relación a privatizaciones, protocolo de seguridad y facultades extraordinarias.

Privatizaciones, Seguridad y facultades extraordinarias, los puntos a negociar

Respecto de las privatizaciones de las empresas del Estado, el Gobierno propuso eliminar de la lista nueve compañías. Se trata de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

Se mantendría, en cambio, la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (la agencia de noticias Télam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

Sin embargo, los diputados de la UCR y Hacemos Coalición Federal consideran que aún debe reforzarse el artículo referido al control parlamentario de los procesos de privatización y el control de transparencia.

Los legisladores radicales y de la Coalición Cívica también rechazan los cambios referidos a la legítima defensa, resistencia a la autoridad y agravamiento de penas en el capítulo de Seguridad, más aún después de la brutal represión a los militantes que protestaron esta semana frente al Congreso.

También persisten algunas diferencias sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y el Impuesto PAIS. Sobre este último, los bloques oficialistas piden que se consoliden las deudas de las cajas provinciales que están en armonía con el sistema nacional y que si el oficialismo no accede se coparticipe el impuesto, una idea que es rechazada por el Gobierno.