Cumbre de intendentes en el Congreso: reclaman al Gobierno nacional por el subsidio al transporte

Casi 80 intendentes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Santa Cruz participaron de un reclamo unificado por el recorte de los subsidios al transporte público del interior y por el ajuste al plan de salud en la Cámara de Diputados. Los planteos se realizaron durante una reunión de la comisión de Asuntos Municipales.

Con una escasa participación del oficialismo y sus aliados, la sala 2 del anexo de Diputados se colmó de intendentes de distintos espacios políticos y provincias, con mayor presencia cordobesa, que manifestaron su preocupación por ambas problemáticas.

El Gobierno nacional resolvió este lunes aumentar los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires para mantener congelada la tarifa del boleto de colectivo, al menos, hasta enero de 2027. Las repercusiones en el resto de las provincias no tardaron en llegar. El malestar lo hicieron saber, en primer lugar, los gobernadores de Córdoba y Salta.

“Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior”, publicó el gobernador cordobés, Martín Llaryora, en X. Además, calificó la política como “discriminatoria y populista” y reclamó que los recursos se distribuyan con un criterio federal.

En la misma línea, tuiteó Gustavo Sáenz. “No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros. ¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?”, expresó el mandatario salteño.

El reclamo de los intendentes

Los intendentes cuestionaron la desigual distribución de los subsidios entre el AMBA y el interior y advirtieron que el retiro de los aportes nacionales trasladó el costo del servicio a los municipios y los usuarios. También reclamaron que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles se distribuyan con un criterio federal. En ese marco, no descartaron recurrir a la Corte Suprema para reclamar por los fondos que consideran que les corresponden.

Pablo Javkin, intendente de Rosario, fue uno de los primeros en tomar la palabra y planteó que “resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”.

El rosarino dio cuenta del esquema que se llevó adelante desde el inicio de la gestión de Javier Milei, cuando los municipios comenzaron a hacerse cargo de cubrir los gastos de transporte que había dejado de pagar la Nación. Explicó que inicialmente se había entendido como parte de una “política de reducción de los subsidios nacionales en función de la estabilidad macroeconómica”. Sin embargo, posteriormente el Gobierno nacional emitió una resolución para el AMBA y “al interior se nos puso un tope en la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, que es lo único que cubría Nación”, explicó.

Gran parte de los subsidios al transporte están financiados por el impuesto a los combustibles (ICL), que paga cualquier persona en el país cuando carga nafta o gasoil.

Por su parte, Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba, expresó: “Los municipios estamos hartos, pero no estamos vencidos”. El cordobés agregó que “estamos viendo cómo cada decisión que se toma del Gobierno nacional se transforma en un atropello para nuestra gente”. Passerini pidió “una Argentina de iguales, donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades”.

Rosario Romero, intendenta de Paraná, también cuestionó la distribución de los recursos y advirtió sobre el impacto en las tarifas. “Deberíamos haber continuado con subsidios en todo el país. El transporte público no es un lujo, mejora el tránsito de las ciudades, hace al cuidado del ambiente y ordena el tránsito. El subsidio no es un pecado”, sostuvo.

La mandataria entrerriana, además, reivindicó el rol de los municipios frente al retiro del Estado nacional. “No tenemos déficit, no generamos deuda, somos estados equilibrados y, además, ¡sorpresa!, hacemos obras. Las que paralizó la Nación en 2023 las continuamos los estados municipales”, afirmó.

La reducción de medicamentos fue otro de los ejes centrales de la reunión. Rossana Chalha, médica y exministra de Salud, advirtió sobre el impacto que puede tener la decisión en la atención primaria y cuestionó la falta de fundamentos sanitarios para justificar el recorte. “Lamentablemente, después de 24 años estamos viviendo una decadencia de un programa que ha sido exitoso”, sostuvo.

Entre los medicamentos que dejaron de entregarse mencionó los destinados a pacientes con diabetes, hipotiroidismo, problemas respiratorios e hipertensión. También alertó por la discontinuidad de los anticonvulsivantes, utilizados principalmente por niños con epilepsia, cuya entrega está prevista solamente hasta febrero de 2027.

Chalha también puso el foco en los recursos destinados: mientras el presupuesto era de $128.000 millones, actualmente se destinan $36.000 millones. Además, recordó que el 85% de las atenciones en los centros de atención primaria se resuelven con estos medicamentos y que apenas el 15% requiere una derivación.

Passerini también se refirió al programa y reivindicó su origen como una política de Estado. El intendente cordobés sostuvo que la prestación de medicamentos fue una conquista social, nacida después de la crisis del 2001 a partir de un acuerdo político para garantizar el acceso. “Fue un paliativo que se transformó en un derecho permanente”, señaló.

En la misma línea, Rosario Romero reivindicó la continuidad de los programas a lo largo de distintos gobiernos. “Voy a hacer un elogio de las continuidades y un repudio de las malas políticas de Estado y las no continuidades”, expresó. La intendenta advirtió que la eliminación de medicamentos básicos, entre ellos antibióticos, puede provocar un deterioro de la salud pública y un aumento de enfermedades que hoy pueden prevenirse desde los centros de atención primaria.

Por su parte, Gonzalo Goyechea, intendente de María Teresa, Santa Fe, cuestionó el argumento del ahorro fiscal. “No hay nada más caro que quitarle el acceso a los medicamentos a la población”, sostuvo.