La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

La administración de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense aprobaron este jueves la declaración de emergencia económica para toda la provincia y sus 135 municipios. La medida, incluida en el paquete del Presupuesto 2026, regirá hasta el 31 de marzo de 2027.

Junto con la emergencia, los legisladores avalaron la Ley Impositiva. Pero la Ley de Financiamiento, que contempla la autorización para tomar deuda por u$s 3.035 millones, quedó en pausa hasta el viernes, en medio de tensiones por la distribución de fondos hacia las intendencias.

El texto sancionado fundamenta la emergencia en la “profunda recesión” y en la “detracción” de transferencias automáticas y no automáticas por parte del Estado nacional. Según la norma, ese escenario afectó el federalismo fiscal y comprometió servicios esenciales en territorio bonaerense.

En la sesión nocturna, la Legislatura aprobó un gasto total de 43 billones de pesos. También sancionó los presupuestos de Diputados y Senadores, que suman el 0,9% del total, unos $387.000 millones, aunque sin difusión detallada.

La única pieza pendiente es la Ley de Financiamiento. Kicillof reclama la autorización para tomar deuda por u$s3.035 millones para cancelar obligaciones previas. “El Presupuesto y la Ley Impositiva son dos leyes importantes. Falta la Ley de Financiamiento”, señaló Gustavo Pulti, diputado provincial de Unión por la Patria. “La provincia no debería tener problemas para financiarse con un tercio de lo que le quitó Nación, ya que se participa a los 135 municipios y se garantiza un fondo no supeditado al mercado”.

El principal punto de fricción se concentró en el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Aunque se había acordado un total de $352.000 millones, persistió el desacuerdo sobre cuánto de ese monto se girará de manera directa a los municipios. “Quisieron reducir el monto fijo de 180.000 millones a 30.000 millones. Es inaceptable”, dijo un legislador de UCR + Cambio Federal, que acompañó en general el Presupuesto y la Ley Impositiva.

En el debate por el endeudamiento, el artículo 3 de la versión original distribuía el 8% de un crédito de u$s1.990 millones hacia los municipios. Luego, el Ejecutivo aceptó aplicar ese porcentaje sobre el total del endeudamiento reclamado, es decir, u$s3.035 millones. Aun así, sectores de Unión por la Patria ligados a La Cámpora afirmaron que el monto real solicitado por Kicillof ascendía a u$s3.685 millones, por encima de lo informado por el ministro de Economía, Pablo López.

Horas antes de la sesión, Kicillof se reunió con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, referente de Máximo Kirchner. Allí se definió el apoyo al Presupuesto y la Ley Impositiva, y se acordó continuar en los próximos días la negociación sobre la presidencia de Diputados, la estrategia parlamentaria del oficialismo y la definición final de la Ley de Financiamiento.

La Ley Impositiva incorporó además una modificación que generó rechazo opositor: una alícuota del 9% sobre las rentas obtenidas por entidades financieras a través de la compra de títulos públicos nacionales. La nueva carga no alcanza a bonos provinciales, municipales ni a obligaciones negociables privadas. El artículo 99 ajustó las exenciones del Código Fiscal para el sector financiero. “Es demencial”, sostuvo el diputado del PRO Matías Ranzani, que pidió al Ejecutivo no promulgar ese cambio. El bloque opositor votó en contra, pero la medida fue aprobada por mayoría.

Qué es la emergencia económica

La emergencia económica habilita procedimientos excepcionales, reduce trámites y permite decisiones más ágiles. También otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias, como modificar alícuotas y reasignar partidas. Su uso fue clave durante la gestión de Carlos Menem y volvió a generalizarse desde la crisis de 2002 a través de sucesivas prórrogas. La última fue en 2015, y la administración de Mauricio Macri decidió dejarla caer recién en 2018, luego de utilizarla durante parte de su mandato.