La pelea por la privatización de AySA llega a la Suprema Corte bonaerense

La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata concedió el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra el envío de la causa al fuero federal. Ahora, la Suprema Corte bonaerense deberá revisar la cuestión de competencia, mientras sigue vigente la discusión sobre las obligaciones de la empresa en medio de su privatización.

La disputa judicial por la privatización de AySA sumó un nuevo capítulo. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzi contra la decisión que había enviado la causa a la Justicia Federal.

De esta manera, el expediente llega a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que deberá analizar si fue correcto sacar el caso del fuero contencioso administrativo provincial.

La discusión de competencia se da en una causa iniciada por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, contra Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en la que se cuestionan las consecuencias que podría tener el nuevo esquema contractual de la empresa en el marco del proceso de privatización.

El planteo de la Defensoría apunta especialmente a que la reestructuración de AySA no implique una reducción de las obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente, las inversiones y las obras necesarias para garantizar el servicio. El organismo también puso el foco en los pasivos ambientales y en los problemas estructurales que arrastra el sistema.

En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría y ordenó a AySA abstenerse de reducir o alterar sus obligaciones operativas y de infraestructura. La medida alcanzó a 26 municipios bonaerenses.

Posteriormente, la Cámara confirmó esa protección y estableció que AySA debía abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” las obligaciones asumidas respecto del agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio, hasta que se realice una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional.

Pero al mismo tiempo la Cámara entendió que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal, una decisión que el Defensor del Pueblo cuestionó. Ese es ahora el punto que llegará a la Suprema Corte bonaerense.

En la resolución dictada hoy, 2 de octubre, los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que el recurso fue presentado en tiempo y que reunía los requisitos legales para ser tratado.

Los jueces destacaron que la decisión sobre la competencia podía ser considerada definitiva a los efectos del recurso extraordinario porque, en este caso, la resolución implica que el expediente pase a una jurisdicción extraprovincial. “El pronunciamiento apelado reviste la condición de definitivo”, señalaron los magistrados, al explicar que se confirmó la remisión de la causa al fuero federal.

También remarcaron que el litigio no tiene un monto susceptible de apreciación económica y que, por tratarse del Defensor del Pueblo, no correspondía exigirle el depósito previsto para otros recursos.

Con esos argumentos, la Cámara concluyó que estaban cumplidos los requisitos y resolvió: “Conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto”.

Así, la discusión sobre qué justicia debe intervenir en la pelea por las condiciones de la privatización de AySA queda ahora en manos de la Suprema Corte bonaerense.

El nuevo escenario deja planteadas dos discusiones: por un lado, el fondo del reclamo, relacionado con las obligaciones de AySA, las inversiones, las obras y las condiciones de prestación del servicio en el marco de la privatización; y por otro, qué fuero tendrá finalmente la última palabra sobre ese conflicto.