El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Andrés Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires y allanó la sede del Ministerio de Seguridad y el Centro de Monitoreo porteño tras detectar la migración irregular de datos biométricos del Renaper de más de 7,5 millones de personas.
La Justicia suspendió el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires
Esta tarde allanó el Centro de Monitoreo y la sede del Ministerio de Seguridad porteño. Busca determinar si accedió a datos biométicos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no permite.
A partir de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), la Justicia ordenó una serie de medidas para determinar si este tipo de procedimientos pudo haber sido utilizado para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia de políticos, dirigentes sociales, sindicalistas y otras personalidades.
En los últimos tres años, según denunciaron desde el CELS, "el Gobierno de la Ciudad buscó los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas, algo que la ley no le permite". Esa operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Renaper.
Entre los datos biométricos que se migraron se encontrarían los del presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta, Cristina Kirchner; el diputado Máximo Kirchner; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y opositores, como Elisa Carrió, José Luis Espert y Javier Milei.
En diálogo con C5N, el director del área de litigio del CELS, Diego Morales, explicó que la información que recolectó Gallardo es que el sistema permitía acceder a la información de un universo de 40.000 personas, pero "la cantidad de consultas que hizo el Gobierno de la Ciudad sobre las bases del Renaper ascendió a 10.000.000".
Desde el CELS aseguraron que "el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas".
"Lo que le pedimos al juez, con ODIA, es que se secuestre ese material y que se pueda peritar cuál fue el destino de este dato biométrico, para qué consultó porque son personas que no están en el registro de prófugos", precisó.
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