La Justicia dispuso la prohibición de salir del país para el empresario Leandro Camani, uno de los principales imputados en una investigación por presuntas maniobras de extorsión que habrían utilizado denuncias judiciales y acusaciones públicas como herramientas de presión contra empresarios y dirigentes políticos. La resolución fue firmada este martes 17 de noviembre por el juez de Garantías Walter Saettone, quien consideró que existen riesgos procesales que justifican la restricción.
El magistrado fundamentó la decisión en la posibilidad de que Camani intente eludir la acción de la Justicia o interfiera en el desarrollo de la investigación. En particular, advirtió sobre su capacidad para influir sobre testigos y otras personas vinculadas con el expediente.
En su resolución, Saettone sostuvo que el empresario cuenta con posibilidades concretas de ejercer presión sobre quienes deben declarar y que su posición de poder podría permitirle alterar el normal desarrollo del proceso judicial.
La causa tiene entre sus protagonistas a Camani, titular de la empresa Secutrans y vinculado al negocio de las fotomultas; al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe y a otras personas que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían intervenido en una estructura destinada a promover denuncias, conseguir testimonios y amplificar acusaciones mediante presiones y acciones de exposición pública.
Una investigación que comenzó con la denuncia de un exchofer
El expediente se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita Steffich, y tuvo su origen en la presentación de Atilio Ormeño, un exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense.
Ormeño denunció que Yofe lo había amenazado y le había ofrecido dinero para que declarara contra el entonces ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas y en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según su relato, debía aceptar la propuesta o exponerse a consecuencias laborales.
A partir de esa presentación, la fiscalía comenzó a reconstruir los vínculos del dirigente con diferentes actores políticos, empresariales y periodísticos. En ese recorrido apareció el nombre de Camani, cuya relación con Yofe quedó bajo análisis a partir de testimonios que mencionaron presuntos aportes económicos.
El periodista local Claudio Ponce de León declaró ante la fiscalía que el empresario financiaba el espacio radial que conducía el dirigente de la Coalición Cívica. También describió un sistema de pagos y encuentros en el que habrían participado personas del entorno de Camani.
A su vez, Gabriel Toledo, quien se desempeñaba como custodio de Yofe, aseguró que el dirigente mantenía reuniones en oficinas vinculadas con el empresario y que había concurrido a la entrega de los premios Martín Fierro por invitación de este último.
Con el avance de las actuaciones, Camani fue incorporado formalmente a la investigación y en marzo de 2026 quedó imputado por extorsión agravada. Desde entonces, la fiscalía profundizó el análisis de los movimientos económicos, las comunicaciones y los vínculos entre los distintos protagonistas para determinar si existió un circuito de financiamiento de las actividades investigadas.
La denuncia de Chiqui Tapia y el conflicto por las fotomultas
La investigación adquirió mayor repercusión cuando el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó ante la Justicia y denunció haber sido víctima de una maniobra extorsiva. En su presentación señaló a Camani, Yofe y al legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso como responsables de una supuesta operación en su contra.
Tapia, quien también está al frente del CEAMSE, vinculó el origen del conflicto con su negativa a autorizar la instalación de nuevas cámaras de fotomultas en rutas, accesos y predios administrados por ese organismo, así como el reemplazo de equipos que ya estaban en funcionamiento.
Según la versión presentada por el titular de la AFA, esa decisión habría desencadenado una serie de presiones y amenazas. De acuerdo con su denuncia, desde el entorno de Camani le habrían transmitido que, si no se habilitaba el negocio de las cámaras, se impulsarían denuncias penales en su contra.
El dirigente relacionó esas supuestas advertencias con las posteriores presentaciones judiciales vinculadas con la denominada causa de la mansión de Pilar, en la que se investigaron el patrimonio y la adquisición de una propiedad atribuida a dirigentes del fútbol argentino.
En esa reconstrucción, Tapia sostuvo que Yofe y Del Gaiso habrían intervenido en la activación de las denuncias, mientras que atribuyó a Camani el papel de organizador y beneficiario económico de la presunta maniobra.
El 5 de febrero de 2026, Saettone aceptó al presidente de la AFA como particular damnificado en el expediente. Esa condición le permitió intervenir formalmente en el proceso, acceder a las actuaciones y proponer medidas de prueba mediante su abogado, Gregorio Dalbón.
La prohibición de salida del país dispuesta ahora contra Camani representa una nueva medida dentro de una investigación que busca establecer si existió una estructura organizada para utilizar el sistema judicial y la exposición mediática como instrumentos de presión. La responsabilidad de los involucrados deberá determinarse a partir de las pruebas que se incorporen al expediente y de las decisiones que adopte la Justicia.