Fabián, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo atacado en una de las marchas de jubilados durante el pasado marzo, habló sobre la decisión de la Justicia de citar a indagatoria al gendarme que efectuó el disparo, el cabo Héctor Guerrero, quien no podrá salir del país, y criticó que "nadie del Gobierno nacional se comunicó con nosotros".
"Creo que es un paso más, esperemos que la jueza esté a la altura. Los videos, los audios, las fotos son muy claras", expresó en diálogo con De una, en C5N.
Además, se refirió al silencio del Ejecutivo sobre el tema. "Hasta ahora, nadie del Gobierno se comunicó con nosotros, absolutamente nadie, de ningún ámbito", subrayó.
En cuanto a la salud de su hijo, explicó que "este lunes estuvo haciendo trabajos en terapia ocupacional, de kinesiología, está más animado, esperando que le hagan la operación para colocarle la prótesis".
Respecto a la posibilidad de que declare en la causa, señaló que "los médicos aconsejaron que no, que no se preste a esa presión". "Él ahora justamente tiene que estar concentrándose en su rehabilitación y no sobreestimularlo en ningún ámbito", planteó.
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Citaron a indagatoria al gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo
La Justicia citó a indagatoria a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión que se llevó a cabo durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo.
"Surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo, provino por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero", sostiene el pedido de indagatoria.
Además se le prohibió al gendarme la salida del país y se ordenó la reconstrucción del hecho, para "establecer en primer lugar de forma precisa la distancia desde la cual se efectuó el disparo que hirió al nombrado, es decir la distancia existente entre el origen del disparo y el punto de impacto, como así también la posición del tirador y la de la víctima".
Es decir que "se deberá establecer la ubicación en la que se hallaba Pablo Grillo al momento de recibir el impacto que lo hirió de gravedad, como así también el sector en el cual se ubicaba el imputado Héctor Guerrero".
El peritaje tendrá como objetivo:
- Determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto.
- La velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto en Pablo Grillo.
- La posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil.
- Si el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie o no y en tal caso si aquella circunstancia le hizo perder o ganar velocidad -o desviarse.
- La ubicación de Pablo Grillo al momento de recibir el impacto del proyectil y de Héctor Guerrero en ocasión de efectuar el disparo.
La fecha de la audiencia para la indagatoria es el 2 de septiembre a las 10 hs.
La decisión de Gendarmería en tiempo récord
La Gendarmería cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, sin formular ningún reproche disciplinario.
El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones ya que el informe interno de Gendarmería se cerró sin reproches disciplinarios.
Para la familia Grillo, que es querellante en la causa judicial, el análisis del expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.
“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes.