La Justicia citó a indagatoria a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión que se llevó a cabo durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo.
El cabo Héctor Guerrero no podrá salir del país. Además se ordenó realizar la reconstrucción del hecho.
La Justicia citó a indagatoria a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión que se llevó a cabo durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo.
"Surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo, provino por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero", sostiene el pedido de indagatoria.
Además se le prohibió al gendarme la salida del país y se ordenó la reconstrucción del hecho, para "establecer en primer lugar de forma precisa la distancia desde la cual se efectuó el disparo que hirió al nombrado, es decir la distancia existente entre el origen del disparo y el punto de impacto, como así también la posición del tirador y la de la víctima".
Es decir que "se deberá establecer la ubicación en la que se hallaba Pablo Grillo al momento de recibir el impacto que lo hirió de gravedad, como así también el sector en el cual se ubicaba el imputado Héctor Guerrero".
El peritaje tendrá como objetivo:
La fecha de la audiencia para la indagatoria es el 2 de septiembre a las 10 hs.
La Gendarmería cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, sin formular ningún reproche disciplinario.
El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones ya que el informe interno de Gendarmería se cerró sin reproches disciplinarios.
Para la familia Grillo, que es querellante en la causa judicial, el análisis del expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.
“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes.