Por primera vez en más de una década, Estados Unidos retiró a la Argentina de su "lista negra" de propiedad intelectual, conocida técnicamente como la Priority Watch List. A partir de esta decisión, el país fue trasladado a la Watch List (Lista de Vigilancia), una categoría de menor severidad dentro del informe anual que elabora la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR).
Este cambio pone fin a un largo período de cuestionamientos internacionales que se extendió por más de diez años debido a las falencias en la protección de derechos de autor y patentes en el territorio nacional. La mejora en la calificación es consecuencia directa de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno argentino asumió compromisos firmes para elevar los estándares de seguridad jurídica.
El canciller Pablo Quirno celebró la noticia en su cuenta de X, destacando que este logro es resultado de las políticas impulsadas por la gestión de Javier Milei. Por su parte, la embajada argentina en Washington calificó la medida como un reconocimiento a los avances recientes y una señal sumamente positiva para atraer nuevas inversiones e innovación.
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Uno de los pilares de este avance fue la derogación de normativas que limitaban las patentes farmacéuticas, vigentes desde 2012. Según el informe estadounidense, aquellas directrices rechazaban automáticamente solicitudes de invenciones que son consideradas patentables en la mayoría de las jurisdicciones internacionales. Con los cambios implementados en marzo de 2026, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) volvió a evaluar cada solicitud de forma individual y técnica, eliminando restricciones que el sector privado consideraba una barrera para el desarrollo biotecnológico.
En materia de seguridad y justicia, el compromiso oficial incluyó un endurecimiento de las penas de prisión y multas para la falsificación, especialmente cuando intervienen redes de criminalidad organizada. Las nuevas medidas contemplan otorgar mayores facultades a las autoridades fronterizas y la creación de una estrategia nacional para combatir la piratería tanto en el ámbito físico como en el digital. También se busca establecer la responsabilidad de los propietarios de inmuebles donde se comercialicen bienes apócrifos y mejorar la cooperación entre los proveedores de servicios de internet y los titulares de derechos.
El acuerdo bilateral también protege los intereses de los exportadores locales al incluir disposiciones sobre el comercio agroalimentario. Argentina logró preservar el acceso al mercado norteamericano para productos como carnes y quesos que utilizan nombres de uso común, evitando que estas denominaciones sean restringidas de manera injustificada por regulaciones de indicaciones geográficas. Este punto del tratado ARTI busca garantizar transparencia y equidad para que los productores argentinos no pierdan competitividad en el exterior por cuestiones terminológicas.
No obstante, el reporte de Washington advierte que todavía persisten desafíos importantes, identificando a La Salada y el barrio de Once como centros notorios de venta de productos falsificados. Si bien se destacó como un éxito el desmantelamiento del servicio ilegal Magis TV Pro, las autoridades estadounidenses señalaron que la piratería en línea sigue expandiéndose y que los mecanismos actuales de control son lentos. Por este motivo, Estados Unidos anticipó que mantendrá un seguimiento cercano sobre la implementación de los compromisos asumidos para garantizar que los avances sean sostenibles en el tiempo.