El hambre no espera: organizaciones piden que la justicia habilite la feria para que Capital Humano cumpla con medidas cautelares

Un año y medio. Y todavía esperan. Mientras la burocracia discute plazos, en los barrios la olla se enfría. Esa es la realidad que atraviesan decenas de comedores que fueron excluidos de las políticas públicas y dejaron de recibir, de un día para el otro, los alimentos o el dinero para comprarlos. La consecuencia recae sobre miles de familias que ya no alcanzan a poner un plato de comida caliente en la mesa, y que contaban con esa ayuda para enfrentar una vida cuesta arriba.

En este contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) pidieron al juez que habilite la feria judicial. Quieren que los trámites no se duerman durante el receso, porque lo que está en juego tiene olor a guiso y urgencia. Solicitan, en concreto, que se active el seguimiento de la medida cautelar dictada el 12 de julio de 2024, que le ordenaba al Ministerio de Capital Humano relevar e incluir a una serie de comedores comunitarios en las políticas alimentarias vigentes. La distribución de alimentos se paralizó, como tantas otras cosas, con un cambio de gobierno y una filosofía nueva: la de no entregar alimentos.

“Se trata de un asunto que no admite demoras”, remarcaron las organizaciones al dirigirse al juez del fuero Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa. Buscan que se concreten “diligencias urgentes” para evitar “la frustración de la garantía de derechos fundamentales”. El planteo ya está en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá dar su opinión primero. Pero el reloj no se detiene, sobre todo cuando la panza hace ruido.

“Se debe tener en cuenta que en la ejecución de esta medida cautelar se encuentra en juego el derecho a la alimentación adecuada, derecho humano básico y fundamental cuya garantía efectiva resulta de cumplimiento inmediato”, enfatizaron. No es un trámite, es una emergencia.

El CELS y la UTEP recordaron también la resolución del 19 de diciembre de 2025, donde el juzgado fijó plazos perentorios para incorporar a comedores que llevan meses haciendo fila en el limbo administrativo. “Ahora bien, ante el receso judicial, se ha visto interrumpido el proceso de relevamiento e incorporación de estos comedores en la política social prevista”, advirtieron.

En aquel fallo, se intimó a Capital Humano a que, en 10 días corridos, informe sobre los avances para incluir a los comedores "Mujeres Unidas de Barrio La Vincha" (Santa Fe), "Rayito De Sol" (Chaco), "San Expedito" (Catamarca), "Niños Felices" y "Chavito" (Jujuy).

También se exigió a la cartera que conduce Sandra Pettovello que acredite cómo garantiza el derecho alimentario de quienes asisten a espacios ya relevados, como "Rayito de Sol" y "Una Pizza de Amor" (Córdoba), y una larga lista de comedores bonaerenses: "Con Esfuerzo y Trabajo", "Ariel", "Con Amor y Corazón para los Niños", "Pancita Feliz", "Pensando en los Chicos", "Muleju", "Solcitos del Eva Perón", "Puertas Abiertas", "Espacio Comunitario Villa Alegre", "Pekitas", "Sol de Corimayo", "Huellitas" y "Felices los Niños" (Chaco).

Además, se ordenó acreditar en el mismo plazo los pagos pendientes del Plan Alimentar Comunidad al comedor Monseñor Angelelli, una deuda que pone en riesgo su continuidad. Y se exigió información sobre los relevamientos de espacios gestionados por organizaciones como "La Rueda Educación Popular", "Néstor Vive Varela", "Seamos Libres", "CEyTIS" y otras que, más allá de sus nombres grandilocuentes, lo único que hacen es repartir platos de lunes a lunes.

Según informó el propio Ministerio de Capital Humano en junio de 2024, entre las políticas que existían “antes del desbarranque libertario” para asegurar este derecho estaban:

1. El Plan Nacional "Argentina contra el Hambre", que incluía la “Prestación Alimentar” y acciones en comedores comunitarios.

2. El Programa Nacional "Alimentar Comunidad", con una tarjeta para comedores que permitía comprar alimentos, artículos de higiene o equipamiento.

3. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que otorga subsidios a ONGs para la compra de alimentos frescos y secos.

El CELS y la UTEP recordaron que en julio de 2024 y enero de 2025 ya se obtuvo la habilitación de feria por motivos idénticos. En ambas ocasiones, la justicia consideró que la urgencia estaba justificada: el retraso implicaba “un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”. Ahora piden lo mismo: que la feria no sea un muro, sino un puente. Porque el hambre, a diferencia de los expedientes, no entra en receso.