Tal como lo habían adelantado, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial en la tarde del miércoles. Entre los argumentos del Gobierno señalan la falta de fuentes de financiamiento adecuadas, el aumento desproporcionado del gasto público sin respaldo y el riesgo de desequilibrio fiscal y presión inflacionaria. Es la segunda vez que el presidente libertario veta la iniciativa destinada a las universidades. En el 2024 ya había rechazado una iniciativa similar.
La Ley había sido elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, al advertir que sin un aumento del presupuesto educativo corre riesgo el normal funcionamiento de las instituciones. Para insistir con la medida, el veto deberá ser rechazado por 2/3 de los votos de ambas Cámaras del Congreso, como sucedió la semana pasada con la Ley de Discapacidad.
Fedun anunció un paro de 24 horas para el viernes
La Federación de Universidades Nacionales (FEDUN) convocó a un paro de 24 horas para el viernes 12 en todas las universidades del país, en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Además, junto al Frente Sindical Universitario, estudiantes y la comunidad académica, anunció la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo el día en que el Congreso trate el rechazo al veto presidencial.
El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, advirtió sobre la grave pérdida salarial del sector docente frente a la inflación y ratificó el compromiso de sostener la universidad pública.
La organización instó a los diputados y diputadas a insistir con la aprobación de la ley y subrayó que la educación superior es un derecho humano fundamental y un pilar para el desarrollo del país.
Las claves de la Ley de Financiamiento universitario
Entre los principales puntos, la norma establecía la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el INDEC, con ajustes bimestrales durante 2025. El financiamiento debía contemplar no solo los gastos de funcionamiento, sino también programas de investigación, extensión universitaria, hospitales universitarios e infraestructura.
Otro de los aspectos centrales era la recomposición salarial: el Poder Ejecutivo quedaba obligado a convocar paritarias para docentes y no docentes, asegurando que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada.
La ley también ampliaba la inversión en becas estudiantiles, con criterios de inclusión para sectores vulnerables, y destinaba recursos para la expansión de carreras y el fortalecimiento de la investigación académica. Además, creaba un fondo específico de 10.000 millones de pesos para implementar las medidas de manera inmediata.
Finalmente, la norma proyectaba una suba gradual del financiamiento estatal destinado al sistema universitario, desde un 1 % del PBI en 2026 hasta alcanzar aproximadamente el 1,5 % en 2031, con mecanismos de control y auditoría para garantizar la correcta aplicación de los recursos.
Una por una, todas las leyes vetadas por Javier Milei
Milei acumula siete vetos en lo que va de su mandato:
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Aumento de las jubilaciones (julio 2025): proponía un incremento del 7,2% en los haberes y una suba del bono de $70.000 a $110.000, actualizable por inflación.
Restitución de la moratoria previsional (julio 2025): extendía por dos años la posibilidad de jubilarse sin contar con los 30 años de aportes requeridos. Milei la reemplazó por la PUAM, equivalente al 80% de la mínima.
Emergencia en discapacidad (julio 2025): busca regularizar pagos, actualizar aranceles, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y garantizar derechos laborales y sociales. Finalmente el veto fue revertido en el Congreso.
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Asistencia económica a Bahía Blanca (junio 2025): destinaba $200.000 millones a la reconstrucción tras el temporal del 7 de marzo.
Ley de Financiamiento Universitario x2 (octubre 2024 y septiembre del 2025): planteaba declarar la emergencia presupuestaria, actualizar partidas por inflación y recomponer salarios docentes y no docentes.
Nueva movilidad jubilatoria (abril 2024): mantenía la actualización por inflación decretada por Milei pero sumaba un aumento adicional del 8,1% y vinculaba el haber mínimo a la canasta básica.