El Gobierno inició procedimientos legales sancionatorios contra 45 empresas y personas por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización oficial. La medida de la Cancillería alcanza a compañías con licencias locales, accionistas, altos ejecutivos y proveedores de servicios. Estos actores de la industria pertenecen a países como Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán, entre otros.
El Gobierno inició sanciones contra 45 empresas por la exploración petrolera en Malvinas
Cancillería notificó a operadores, accionistas y proveedores que participan del proyecto Sea Lion sin autorización oficial. La medida busca frenar inversiones millonarias y prevé multas, inhabilitaciones y embargos de equipos para los infractores.
El foco principal de los castigos apunta de forma directa a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ambas firmas lideran la iniciativa petrolera conocida como Sea Lion.
Las notificaciones oficiales también abarcan a las sociedades Borders & Southern Falkland Islands Limited y JHI Associates. A la lista se suman empresas de infraestructura técnica como Noble Corporation, NSAI y Fugro.
El proyecto Sea Lion concentra la mayor tensión diplomática
Este desarrollo hidrocarburífero se ubica a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Navitas posee el 65% del negocio y Rockhopper retiene la participación minoritaria restante.
Las compañías aprobaron a fines del año 2025 una inversión de u$s1.800 millones para la primera etapa del yacimiento. Los inversores esperan producir unos 55.000 barriles diarios a partir del año 2028.
Los cálculos de Navitas estiman reservas seguras por 216 millones de barriles de crudo y recursos totales por 603 millones. El Estado argentino rechaza por completo esta actividad por ocurrir sobre un área territorial en disputa.
La legislación argentina establece castigos severos para las petroleras
La base de la ofensiva legal es la Ley 26.659, una norma con restricciones duras para la explotación marítima ilícita. Los castigos incluyen multas económicas por el valor de entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo.
El régimen también contempla la inhabilitación para operar en la Argentina por un período de hasta 20 años, la reversión de concesiones previas y el decomiso de materiales.
Ante esta presión estatal, firmas globales de servicios como SLB, Halliburton y Baker Hughes ya marcaron distancia de las actividades en las islas.
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