El Grupo de los Seis (G6) respaldó este sábado el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos asociados, mediante un comunicado difundido tras las medidas anunciadas por Javier Milei, con el objetivo de reforzar la posición nacional y la defensa de los recursos estratégicos.
La declaración fue suscripta por las principales cámaras empresarias del país, que remarcaron el carácter permanente de la reivindicación territorial y expresaron acompañamiento al paquete de medidas presentado por el Gobierno. El pronunciamiento reunió a representantes de bancos, comercio, construcción, agro e industria detrás de una posición común y buscó exhibir una señal de consenso.
El documento planteó que "la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos", una definición con la que las entidades buscaron ubicar la cuestión territorial por fuera de la disputa partidaria.
El G6 también reclamó que la estrategia argentina se mantenga dentro de los mecanismos previstos por la Constitución Nacional y el derecho internacional, con una salida pacífica como horizonte. Para las entidades, la diplomacia y la negociación constituyen las herramientas centrales para sostener el planteo ante el Reino Unido.
El G6 respaldó la defensa de los recursos estratégicos
La posición empresaria incluyó además la protección de los recursos naturales y los intereses estratégicos del país, una dimensión que tomó especial relevancia después de los anuncios presidenciales sobre actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y las respuestas que prepara la administración nacional, y su resguardo.
El G6 está integrado por ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, organizaciones que conforman una representación transversal del sector privado ante autoridades nacionales e internacionales.
El respaldo empresario se produjo después de que Milei anunciara en cadena nacional un conjunto de acciones diplomáticas, económicas y legales para reforzar el reclamo y responder a operaciones sobre recursos naturales en el área disputada, además de nuevas herramientas destinadas a sancionar a compañías que intervengan en emprendimientos petroleros.
Entre las iniciativas anunciadas figura un decreto para acelerar los procedimientos previstos por la Ley 26.659 contra firmas vinculadas con proyectos de extracción de petróleo, junto con un proyecto legislativo que busca elevar sanciones, restringir contrataciones estatales y crear un Consejo de Seguridad Nacional ante eventuales incumplimientos legales.