El Gobierno adjudicó la privatización de AySA por u$s340,2 millones

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional por u$s340,2 millones. La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

El grupo ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su propuesta superó a la presentada por el consorcio encabezado por Roggio, que ofertó US$285 millones por el mismo paquete accionario.

La resolución estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. Una vez cumplida esa instancia, se avanzará con la transferencia de las acciones, que representan 135.000 títulos ordinarios Clase A. El 10% restante de la compañía corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

La adjudicación se produjo luego de que la comisión evaluadora recomendara seleccionar la oferta ganadora y de que venciera el plazo para presentar impugnaciones. Según la normativa oficial, las propuestas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Las inversiones previstas para AySA

La privatización contempla una concesión por 30 años y un plan de inversiones obligatorias para ampliar la cobertura de agua potable y cloacas. Para el período 2027-2031, el esquema establece desembolsos por $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.

El futuro operador deberá cumplir metas de expansión y calidad del servicio, bajo la supervisión de los organismos de control. El contrato también prevé sanciones ante incumplimientos graves o reiterados de las obligaciones asumidas.

AySA quedó habilitada para su privatización a partir de la Ley Bases y de las disposiciones posteriores del Poder Ejecutivo. Con esta adjudicación, el Gobierno suma otro paso en su programa de transferencia de empresas estatales al sector privado.