El Gobierno envió al Congreso dos proyectos para reformar la ley de Salud Mental y las pensiones por invalidez

El Poder Ejecutivo Nacional remitió dos proyectos al Congreso para modificar el sistema de pensiones por invalidez y la ley de Salud Mental. Así, Javier Milei avanza con su plan legislativo con el fin de reformar esquemas que, según el discurso oficial, presentan distorsiones fiscales y necesitan modificaciones urgentes.

La primera iniciativa busca combatir el supuesto fraude en las pensiones no contributivas tras detectar, según argumentan desde el Gobierno, un crecimiento exponencial de beneficios en las últimas dos décadas. En esa línea, el Ejecutivo asegura que existen irregularidades graves en el asignación de prestaciones como direcciones inexistentes o falta de requisitos.

El documento enviado al Congreso de la Nación sostiene que existían 76.000 pensiones en 2003 y que, en 20 años, ese número creció a 1.200.000. El texto expresa que "ni siquiera países que han atravesado guerras han tenido semejante incremento en su población de personas con invalidez".

El proyecto propone modificar la Ley 13.478 para establecer mecanismos de sanción mucho más estrictos que eviten la entrega injustificada de los recursos públicos nacionales. El objetivo central del oficialismo, según el escrito, radica en garantizar un uso equitativo de los fondos estatales para que las asignaciones lleguen únicamente a los beneficiarios legítimos.

En paralelo, la Casa Rosada impulsa una reforma estructural a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, junto con cambios en el Código Civil y Comercial. La propuesta amplía el enfoque hacia la prevención y otorga un rol mucho más relevante al criterio de los especialistas en psiquiatría dentro de las evaluaciones.

Salud mental

Un punto importante de la reforma reside en el cambio de condiciones para las internaciones involuntarias de los pacientes que atraviesan crisis agudas de salud. El texto reemplaza el concepto de "riesgo cierto e inminente" por una definición de "riesgo grave de daño para la integridad física propia o de terceros" con el fundamento de "establecer una formulación más abarcativa y clarificadora".

Finalmente, la normativa habilita la creación de nuevos establecimientos destinados al tratamiento de adicciones y refuerza la obligatoriedad de médicos psiquiatras en las inspecciones. Ambos documentos llevan las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de salud, Mario Lugones, para solicitar un pronto tratamiento parlamentario durante las próximas sesiones ordinarias.

Luz verde en el Senado para pliegos militares y designaciones

La Cámara alta convalidó los ascensos de jefes militares y el nombramiento de Lucila Crexell como nueva embajadora argentina ante Canadá. La jornada legislativa inició con el quórum justo gracias al acompañamiento de bloques aliados que permitieron destrabar el tratamiento de expedientes administrativos pendientes.

El cuerpo legislativo aprobó las promociones del general de División Oscar Santiago Zarich, el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare y el vicealmirante Juan Carlos Romay. Sin embargo, el ascenso del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde fue apartado del debate principal mientras el oficialismo lograba dar estado parlamentario a otros 75 pliegos judiciales.

En medio de la discusión técnica, la oposición renovó la presión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las recientes denuncias sobre su patrimonio y la causa por enriquecimiento ilícito. Los senadores opositores insistieron con el pedido de explicaciones ante el recinto, fecha que se confirmó para el 29 de abril.