El Gobierno concesionó casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales: qué cambia desde este miércoles

Caputo precisó que desde este miércoles las empresas adjudicatarias asumirán "la operación y el mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que hasta hoy eran operadas por la empresa estatal Corredores Viales". La medida alcanza dos tramos considerados estratégicos para la producción, la logística y el comercio.

La concesión comprende dos corredores considerados estratégicos para la producción y el transporte. Uno de ellos es el Tramo Pampa, correspondiente a la Ruta Nacional 5, mientras que el otro abarca el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrado por las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Al referirse al objetivo del plan, el ministro aseguró que el esquema permitirá impulsar "más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos", al defender el modelo de concesiones que lleva adelante el Gobierno nacional.

Qué empresas administrarán los nuevos corredores viales

La licitación de ambos tramos había sido resuelta semanas atrás y quedó formalizada con la firma de los contratos correspondientes. El corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado al consorcio conformado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, mientras que el Tramo Pampa quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste SA.

Las ofertas presentadas por las compañías también establecieron los valores propuestos para los peajes. En el caso del corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, el consorcio ganador ofertó una tarifa de $997 más IVA, mientras que para el Tramo Pampa la propuesta ascendió a $2.355,37 más IVA.

Los contratos tendrán una duración de 20 años, período durante el cual las empresas deberán hacerse cargo de la operación de los corredores, las tareas de mantenimiento y las obras de modernización previstas en cada concesión. El Gobierno sostuvo que ese plazo permitirá planificar inversiones de largo alcance.

El esquema definido por la administración nacional establece que las mejoras y los servicios quedarán bajo responsabilidad exclusiva de los concesionarios. De esta manera, las obras previstas para ambos corredores se ejecutarán sin aportes ni subsidios provenientes del Estado nacional.