Luego de que la oposición en la Cámara de Diputados frustrara el intento del oficialismo de avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad incluida en el artículo 11 del Presupuesto 2026, el cura y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, repudió el ajuste y los repetidos ataques del Gobierno nacional contra el sector. También denunció una estrategia para instalar noticias falsas para justificar la eliminación de derechos.
“Al Gobierno no le interesan las personas con discapacidad. Ahora buscan venderle a la sociedad que hay exageraciones tanto en la cantidad de personas con discapacidad como en la atención, y así lograr ajustar”, afirmó Molero, quien sostuvo que ese discurso oficial encuentra aval en una parte de la opinión pública.
En ese sentido, señaló que el intento de eliminar la emergencia a través del Presupuesto fue una señal clara de la estrategia oficial. “Prueba de esto es que con el presupuesto intentaron que la variable para conseguir el déficit cero fueran las personas con discapacidad. Es decir, que las personas paguen su salud, su desarrollo y su educación para que el país pueda salir adelante según los planteos de Milei”, remarcó.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso, luego vetada por el presidente Javier Milei y, posteriormente, el Parlamento volvió a rechazar ese veto. Pese a ello, el Gobierno suspendió la aplicación de la norma, lo que derivó en una intervención judicial que ordenó su implementación. Frente a ese fallo, el Ejecutivo decidió apelar.
Molero cuestionó además las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ante el Senado, quien sostuvo que el Estado se ocupará del sector “cuando la Argentina esté un poco mejor”. “Eso es una mentira. Cuando un Gobierno no invierte dinero en algo es porque no le interesa. Los temas urgentes se tratan de resolver de inmediato con los medios disponibles”, sostuvo.
La ley establece la emergencia del sistema de atención a las personas con discapacidad y busca garantizar la continuidad de prestaciones básicas como tratamientos, rehabilitación, medicamentos, transporte, educación y el funcionamiento de instituciones, en un contexto de fuerte atraso de aranceles y desfinanciamiento.
En ese marco, Molero alertó que luego de que se frustrara el plan de la gestión libertaria de derogar la ley, volvieron a instalar versiones sobre la supuesta existencia de 178 mil certificados de discapacidad activos correspondientes a personas fallecidas. “El mensaje es engañoso. Tener un certificado de discapacidad no significa que la persona tenga una pensión. Se intenta instalar una cifra grande para que la gente piense que hay un curro”, explicó.
Según advirtió, esa narrativa genera confusión incluso entre familiares de personas con discapacidad. “Hay quienes creen que no puede haber tantas personas con discapacidad en el país, cuando la cifra es menor que en la mayoría de los países. Un padre incluso me reconoció que se había comido el discurso del Gobierno”, relató.
También cuestionó la selectividad del ajuste. “Para comprar aviones, darle aumentos a la SIDE o bajar impuestos hay plata. Para discapacidad no. Y no se explica nada. Por eso quienes representamos al sector tenemos que salir a explicar la situación”, afirmó.
Por último, alertó sobre el impacto concreto de las medidas. “El déficit cero lo van a pagar personas que no van a recibir rehabilitación ni medicamentos. Un chico que espera dos años para ser atendido no puede esperar a que el país esté mejor: si espera e se tiempo va a estar hecho mierda”, concluyó.
