La Cámara de Diputados vuelve a discutir este miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía, en un plenario que reúne a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto en lo que es la tercera reunión informativa, esta vez con la exposición de María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Defensa de la Soberanía: el oficialismo avanza en Diputados y buscar llevar el proyecto al recinto en sesión especial
En la tercera y última reunión informativa, con la exposición de María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto tratan lineamientos de la iniciativa. LLA apunta a cerrar la discusión el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.
En su primera reunión, se hicieron presentes Paula Tadei, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica; Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Y en su segunda reunión, realizada este martes, se hicieron presentes invitados de la oposición, entre ellos Daniel Filmus, Guillermo Carmona, Jerónimo Guerrero Iraola y Paula Litvachky, entre otros.
Así, con la reunión de este miércoles concluye la exposición de invitados y en un próximo encuentro el miércoles 14 irán por el dictamen, en busca de poder dar tratamiento al proyecto en el recinto en una sesión que tendría lugar el próximo 21 de octubre. Además, en ese debate se tratarían el endeudamiento familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.
Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía
La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto establece penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. Las restricciones ya no alcanzarían únicamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.
El proyecto también contempla medidas ante amenazas consideradas graves e inminentes, como el bloqueo temporal de fondos, restricciones financieras y comerciales y la suspensión de determinadas autorizaciones. A su vez, incorpora la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles como último recurso dentro de un protocolo específico.
Otro de los puntos establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales e incorpora nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.
Noticia en desarrollo.-
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