Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal Stornelli abre la investigación, pero sin allanar a periodistas

El fiscal Carlos Stornelli pidió investigar la denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes informativas y no va a pedir allanamientos a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico ni del medio que publicó el documento.

La decisión tuvo lugar luego de que el juez federal Julián Ercolini corriera vista al fiscal para que determinara si correspondía abrir o no la investigación.

La denuncia fue interpuesta ayer por Patricia Bullrich por violación a la ley de inteligencia nacional, en la que además pidió entre otras medidas, el allanamiento de periodistas y medios de comunicación por la difusión de grabaciones efectuadas a la hermana del presidente.

Stornelli ahora debe decidir si impulsa la presentación de Bullrich que sostuvo que los hechos denunciados "forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional", en referencia a la secretaria general de Presidencia, y que fueron: “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″.

Bullrich solicitó al juez la adopción de una medida cautelar urgente, “tendiente a evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.

Entre las medidas, la ministra pidió que se ordene el allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, que se incauten servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material sobre Karina y que se dispongan allanamientos en los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros, por la difusión de los audios.

La medida solicitada fue criticada por arbitraria por abogados constitucionalistas y juristas que consideran que se trata de un pedido ilegal contrario a la libertad de prensa y de expresión y que constituye un acto de censura previa. Paralelamente, otro juez del fuero Civil y Comercial, Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios.

El ministerio consiguió esa medida acudiendo de manera llamativa a un juez que no tendría competencia para dictar este tipo de resoluciones. El juez Maraniello tiene numerosas denuncias en su contra tramitando ante el Consejo de la Magistratura por acoso sexual y laboral y maltrato a empleados de su juzgado.