Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Aquel allanamiento realizado en la sede de la droguería, en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires, había sido ordenado por el juez Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, en la causa en la que se investiga un supuesto esquema de recaudación ilegal y direccionamiento de contrataciones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras el organismo estuvo comandado por Diego Spagnuolo, un abogado que, a la par de su rol como funcionario público, representaba al presidente Javier Milei en las demandas que el mandatario iniciaba contra periodistas.

Esa investigación se inició a partir de una denuncia que recogía las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval, en las que se escuchaba a Spagnuolo hablar de la presunta recaudación ilegal: allí sugería que Suizo Argentina tendría un rol relevante y que los fondos llegarían hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cuando se produjo el allanamiento de Suizo Argentina, Díaz manifestó conocer el procedimiento técnico necesario para realizar el blanqueo de claves de los correos electrónicos corporativos y allanar el camino de la Justicia, pero se negó a llevarlo a cabo. Invocó, para ello, carecer de autorización de los directivos y del abogado de la empresa presente en el lugar.

La posición asumida por Díaz generó que el operativo policial y judicial se extendiera por más de diez horas. Aquel día, por orden del juez Casanello, el empleado informático fue llevado a una sede policial, para sacarlo de la tensión que implicaba tener todas las miradas puestas sobre él durante un allanamiento y para hacerle saber que, como testigo, debía colaborar con la Justicia. Aun así, mantuvo su negativa. Esa actitud le valió una denuncia penal.

"No tengo autorización de los directivos ni del abogado", repitió una y otra vez Díaz, pese a que la orden judicial estaba debidamente notificada y su cumplimiento era obligatorio. Ahora, el fiscal Rivolo le atribuye el delito de desobediencia, figura que protege el normal funcionamiento de la administración pública y el respeto debido a las órdenes legítimas de autoridad competente.