Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Javier Milei en el caso $LIBRA

La bielorrusa Krasutskaya Sviatlana Vitalievna fue apenas la pionera. Detrás de esta mujer de Minsk, de 52 años, se alinean otros. Ciudadanos de distintos rincones del planeta que buscan convertirse en querellantes del caso $Libra y señalar al presidente Javier Milei como el protagonista central de lo que describen como una estafa monumental.

Vitalievna se presentó esta semana por escrito ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Reclamó ser parte acusadora, representada por el especialista en criptomonedas Martín Romeo y el abogado Nicolás Oszust. Declaró pérdidas confirmadas por 1.768.079 dólares y afirmó haber caído en una trampa donde se vio involucrado Milei.

Fuentes cercanas a la querella anticiparon que otros damnificados desfilarán por los tribunales en los próximos días. No es una estrategia el desfile pausado: llegan a medida que logran certificar, con toda la burocracia que el dolor requiere, el agujero en sus bolsillos.

Entre quienes buscan unirse a la acusación hay, al menos, un ciudadano de los Emiratos Árabes, un libanés, un colombiano, un chileno y otro bielorruso. En conjunto, sus pérdidas superan los cinco millones de dólares invertidos en $Libra.

Todas las presentaciones harán eco de la de Vitalievna: supieron de $LIBRA el 14 de febrero de 2025, mediante una publicación en X del presidente argentino. Confiaron porque el respaldo público de la primera magistratura otorgó un barniz de legitimidad y seriedad al proyecto.

"Fue una estafa pump and dump sin ningún lugar a dudas", afirmó la bielorrusa el texto. "Después de que la capitalización alcanzó los 4.5 mil millones de dólares, el precio del token se desplomó un 90% en horas, por acciones del equipo y del propio Presidente, que borró publicaciones y se desvinculó del proyecto en menos de cuatro horas. Esto causó gran daño a los inversores y a la credibilidad del sistema blockchain", remató.

Un chiste de mal gusto

Pero las presentaciones buscan algo más: poner en evidencia lo que consideran una cautelar mezquina. Esta semana, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, el juez Martínez de Giorgi embargó bienes de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (allegados a Milei) por casi 37 millones de pesos. Una cifra que parece un chiste de mal gusto si se la contrasta con las transferencias millonarias en dólares –detectadas por la investigación judicial y la comisión parlamentaria– entre el creador de la criptomoneda, Hyden Davis, y los criptoimoutados que tantas veces visitaron a Milei en la Casa Rosada.

El monto de los embargos se vinculó solo al daño de los primeros querellantes –inversores de cantidades menores–, ignorando la posibilidad de inmovilizar activos por montos relacionados con los posibles “pagos indirectos” a funcionarios públicos, tal como había sugerido el propio fiscal Taiano. Esta situación fue precisamente el núcleo de la apelación presentada el jueves por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, represéntate de uno de los querellantes cuya pérdida acreditada es de unos pocos miles de dólares.

"Resulta alarmante que –en el marco de uno de los tantos incidentes de medidas cautelares donde se investiga uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia reciente– la fiscalía pretenda borrar con el codo lo escrito con la mano hasta el momento", señalaron. "Se intenta hacer pasar una estafa global, con mochilas repletas de dólares saliendo de cajas de seguridad, movimientos millonarios en billeteras virtuales y aviones privados, y con el Presidente de la Nación involucrado, como un hecho menor donde los acusados pueden simplemente compensar el patrimonio de algunas víctimas".

El embargo también despertó escozor en el Congreso. En la Comisión Libra, los legisladores se preguntaban por qué la cifra no guardaba relación con las transferencias que ellos habían detectado. El reproche público de un diputado resonó en los pasillos de Comodoro Py. Y entonces surgió la justificación: no había en el expediente ningún informe de dicha comisión, presidida por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

¿Era posible? Lo fue. Este medio lo reconstruyó: el informe había sido remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para que Martín Menem lo girara al juez. Pero desde la presidencia se decidió no enviarlo, argumentando que no era un dictamen de mayoría porque tenía 14 firmas y no las 15 necesarias. Una excusa burocrática para no remitir un documento que nunca se presentó como dictamen, sino como el expediente completo de una comisión investigadora.

Ante esto, Ferraro le envió una nota a Menem el jueves último, solicitando que informara si habían cumplido con la remisión del expediente completo al juzgado y a la fiscalía, tal como se había aprobado por mayoría el 7 de noviembre. Le recordó, con la cortesía ácida de quien cita un reglamento para señalar una omisión, que "la efectiva remisión constituye el debido cumplimiento de la decisión legítima y mayoritaria". Pero el daño, en el expediente judicial, ya estaba hecho