El ex ministro de Interior y de Transporte durante las presidencias de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo aseguró que “jamás” recibió una instrucción política para favorecer a alguna empresa en la asignación de subsidios.
El ex ministro de Interior y de Transporte durante los gobiernos de CFK remarcó que no le consta que hubiera habido algún tipo de actividad oscura entre el Estado y empresarios durante su gestión. “Mi experiencia demuestra lo contrario”, sostuvo.
El ex ministro de Interior y de Transporte durante las presidencias de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo aseguró que “jamás” recibió una instrucción política para favorecer a alguna empresa en la asignación de subsidios.
Al declarar por primera vez como testigo en la causa “Cuadernos”, Randazzo sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 7 que siempre se sintió apoyado por la presidencia en todas las decisiones que adoptó durante la gestión. Hubo “una decisión política de destinar recursos para hacer inversiones sumamente importantes”, afirmó, en relación a las obras en materia ferroviaria del 2012 al 2015, luego de la tragedia de Once.
También detalló el circuito de aprobación de subsidios y el control de los mismos: refirió que el Ministerio de Economía participaba en la programación de los subsidios, que debía autorizar la disponibilidad de los fondos y explicó que había un compromiso para que el pasaje costase poco. “Había una discusión importante de cómo se controlaba la inflación y en eso tiene enorme importancia el costo del pasaje”, subrayó.
Durante su gestión, según remarcó, hubo “una decisión política de la presidenta de adquirir material rodante". "Compramos 1140 coches, desde ese momento a ahora no se compró un solo vagón. Se sigue subsidiando el transporte público”.
Al responder preguntas del defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, puntualmente sobre el caso, Randazzo dijo que “nunca, jamás” recibió instrucción política para favorecer a determinadas empresas en la asignación de subsidios.
“Siempre tuve libertad para llevar adelante la gestión y precisamente para darle transparencia”. “Siempre me sentí apoyado por la presidencia de la Nación, en todo, tanto en la implementación de la Sube, el GPS,el control a las empresas.
Ante una pregunta de otra de las defensas, el exfuncionario dijo que “jamás” ningún empresario le refirió sobre supuestos pedidos o exigencias indebidas.
Randazzo asumió en diciembre de 2007 como ministro del Interior y en 2012, por decisión política y tras la tragedia ferroviaria de Once, esa cartera se anexó al ministerio de Transporte, también bajo su órbita.
Realizó bajo juramento una explicación sobre las concesiones del transporte y el sistema de subsidios. Recordó que el deterioro de los trenes “venía de mucho antes” de la tragedia de Once.
Sobre Siemens, por ejemplo, recordó que esa firma cobró el 20% de anticipo de obra por señalización que no cumplió y por el que fue obligada a devolver ese anticipo.
“—¿Usted cree que esas medidas son eficientes para evitar hechos de corrupción?”, le preguntó la fiscal Fabiana León sobre medidas de su gestión.
Randazzo respondió: “Creo que avanzamos muchísimo. La aplicación de la tecnología sirve muchísimo para transparentar los recursos públicos. En una página web subíamos todos los meses la cantidad de recursos destinados a cada línea y cómo se desglosaban. Esa página se terminó sacando, no se sabe por qué; creo que fue en la gestión de Macri”.
También mencionó la tarjeta SUBE que “inició Schiavi y la terminé yo. Nos permite saber la cantidad de pasajeros, que antes eran datos aportados por los empresarios, igual que el uso de combustible”.
“Yo asumo en un momento crítico, que tiene que ver con la tragedia de Once. Nos hicimos cargo de una situación compleja. Sería injusto pensar que la responsabilidad era de los funcionarios que estaban en ese momento a cargo: era un deterioro que venía de mucho antes”. “Tal vez no sea políticamente correcto, pero parte de la dirigencia sindical es parte del problema”, declaró.
Explicó que en la década de 90, el sueldo promedio de un ferroviario equivalía, más o menos, a 900 boletos mínimos. Cuando se rompe la Ley de Convertibilidad y se inicia la renegociación de contratos, se da un congelamiento de tarifas desde 2002 hasta 2008. “Ahí se necesitaban 6.000 boletos para cubrir un salario promedio de un ferroviario. En el año 2014, 12.000 boletos”.
“No hay mucho misterio: cuando uno presta un servicio público, tiene un costo. Si uno congela la tarifa, naturalmente el subsidio va a aumentar. Y es una decisión política: es para que los sectores vulnerables paguen menos”, analizó el testigo.
El subsidio estatal “aumentaba a medida que la tarifa quedaba congelada y llegó a cubrir el 90 por ciento” del pasaje. “El gobierno actual ha tenido una inflación del 300 por ciento y aumentó el pasaje 1.000 por ciento. Hoy hacen falta 6.000 boletos mínimos para pagar el salario de un ferroviario”, explicó el exfuncionario.
Detalló que las tarifas “estuvieron congeladas de 2002 a 2008 y, de 2008 a 2014, tuvieron un aumento del 80 por ciento con una inflación cercana al 400 por ciento y un incremento del salario promedio del ferroviario del 1.000 por ciento”.
“Con tarifas congeladas, el subsidio tenía una enorme preponderancia. El mundo subsidia el transporte público, no la Argentina, no nos confundamos”. En Argentina la “ecuación era 90-10″ en esa época.
Remarcó que había una interacción con los concesionarios de servicios, reuniones todas las semanas con los empresarios. Algunos manifestaban sentirse maltratados “porque fuimos muy exigentes”. Recordaba, por ejemplo, reuniones con los empresarios Gabriel Romero y Aldo Roggio.
Ante una pregunta del defensor Manuel Ubeira, sobre si advirtió durante su gestión algún tipo de actividad oscura dentro del Estado entre funcionarios públicos y empresarios. “No me consta eso, mi experiencia demuestra lo contrario”.