El Consejo Interuniversitario Nacional confirmó oficialmente que la 5° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso de la Nación. Si bien en una primera instancia se analizó realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para dar visibilidad al frente judicial del conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo. La convocatoria busca dar una respuesta unificada a la crisis presupuestaria, el retraso salarial, el deterioro del sistema científico nacional y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El cambio de escenario hacia el Congreso responde de manera directa al inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y la sesión especial convocada por la oposición para tratar Morosidad, Emergencia en Discapacidad y rechazo del DNU 70/23. Mientras el proyecto enviado por el Gobierno prevé $7,3 billones para las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) remarca que se requieren alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento y el pago de haberes. Con esta medida, la comunidad educativa apunta a hacer oír su reclamo ante los legisladores encargados de discutir la partida presupuestaria del sector.
El motivo central de la movilización sigue siendo la exigencia de aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso tras la insistencia del Senado luego del veto presidencial, continúa sin ejecutarse plenamente. A través de su cumplimiento, los sindicatos docentes y nodocentes reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.
El principal reclamo de la quinta Marcha Federal es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Camila Alonso Suarez
La confirmación de la marcha coincide con un nuevo pico de tensión judicial, luego de que el juez federal Diego Martín Cormick intimara nuevamente al Poder Ejecutivo por un plazo de cinco días para dar cumplimiento a la medida cautelar que ordena actualizar salarios y programas de becas. En su resolución, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 detalló que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%, e indicó que de persistir el incumplimiento se aplicarán sanciones económicas diarias (astreintes).
Como antesala a la marcha del 15 de octubre, el Frente Sindical de Universidades Nacionales —integrado por organizaciones como CONADU, FEDUN, FATUN y AGD-UBA— llevó adelante un paro nacional de 72 horas acompañado de visibilizaciones y abrazos simbólicos en distintas facultades del país. De esta manera, la concentración de las 13.30 frente al Congreso se perfila como una jornada clave en la continuidad del reclamo por la educación pública y la ciencia en Argentina.
Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario todavía no aplicada por el Gobierno
Entre los principales puntos, establecería la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el Indec. El financiamiento contemplaría no solo los gastos de funcionamiento, sino también programas de investigación, extensión universitaria, hospitales universitarios e infraestructura.
Otro de los aspectos centrales es la recomposición salarial: el Poder Ejecutivo quedaría obligado a convocar paritarias para docentes y no docentes, asegurando que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada. También ampliaría la inversión en becas estudiantiles, con criterios de inclusión para sectores vulnerables, y destinaría recursos para la expansión de carreras y el fortalecimiento de la investigación académica. Además, crearía un fondo específico de $10.000 millones para implementar las medidas de manera inmediata.
Finalmente, la norma proyectaría una suba gradual del financiamiento estatal destinado al sistema universitario, desde un 1% del PBI en 2026 hasta alcanzar aproximadamente el 1,5 % en 2031, con mecanismos de control y auditoría para garantizar la correcta aplicación de los recursos.
