La tensión con Londres escaló por el proyecto Sea Lion, de explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención del Mar y sostuvo que recurrir a un tribunal internacional "es el acto más responsable que puede realizar un Estado". Londres rechazó la medida y convocó a la embajadora argentina.
Pero hay señales desde Washington que podrían enfriar el repentino fervor patriótico del Presidente y los suyos. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, dijo que "Argentina es un gran amigo de Estados Unidos", pero recordó que también existe "una relación especial con el Reino Unido" y llamó a "desescalar" a las partes. Justo en la ONU se encontraron, hace unos días, el presidente Donald Trump y el premier británico, Andy Burnham, y refrescaron una relación que se había deteriorado por la falta de apoyo de su antecesor a los Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Resuelta esa diferencia, la declaración de Waltz parece indicar que la administración Trump dejará de usar Malvinas -y a Milei- para incomodar al Reino Unido.
El capítulo político interno tampoco coincide exactamente con la foto de gobernabilidad que el Gobierno buscó construir en París. Trece gobernadores acompañaron la delegación argentina y participaron de reuniones con Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Pero detrás de las fotografías hay una negociación concreta por el Presupuesto 2027, los fondos para las provincias y la eliminación o suspensión de las PASO. A pesar de que los funcionarios filtraron que se volvían con los votos para la reforma electoral, fuentes de los gobernadores aseguran que la negociación no quedó cerrada en París y continuará en Buenos Aires, con cada mandatario llevando sus propios reclamos. Más allá de los rumores, no les ofrecieron nada por ahora. Ni recursos ni bajar candidatos de La Libertad Avanza.
La Casa Rosada necesita esos acuerdos para avanzar con una agenda legislativa que incluye la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará el 17 de noviembre, y la reforma electoral. Santilli asegura que tiene los votos, Patricia Bullrich cree que no. Tanto ella como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aprovecharon sendos foros para diferenciarse de Milei. Villarruel llamó desde España a controlar la IA en favor del trabajo humano -justo lo contrario de lo que había dicho el presidente en Nueva York- y cuidar a las pymes -exactamente lo contrario de lo que el gobierno hace.
Patricia Bullrich se mostró en IDEA, preocupada por que aparezcan resultados que garanticen la continuidad del rumbo, más que por la reelección del Presidente. Como hace un año, el círculo rojo parece elegirla a la hora de un eventual "mileísmo sin Milei". También en materia electoral, Bullrich aprovechó el Coloquio para marcar diferencias dentro del oficialismo. Pidió "más velocidad" para que el proyecto económico pueda alcanzar sus objetivos y, al hablar del escenario electoral, señaló "cuáles van a ser las alianzas, cómo se va a ordenar la oferta electoral, aún está en veremos". La eliminación de las PASO, uno de los objetivos del Gobierno, continúa sin un acuerdo parlamentario cerrado.
La política del ajuste interminable y la crueldad tienen límites internos. Incluso desde sectores que no cuestionan el rumbo general del Gobierno aparecen pedidos de corrección. En IDEA, empresarios reclamaron mayor estabilidad y previsibilidad frente a la incertidumbre política y expresaron preocupación por la recesión, el desempleo y la caída del consumo.
Como en Nueva York, el Presidente habló en París y subió el riesgo país. Atribuirlo al peligro electoral o al riesgo kuka forma parte de las mismas trampas narrativas. Todo indica que los verdaderos riesgos los engendra la política económica del Gobierno o, al menos, las dudas acerca de la sostenibilidad del plan. JP Morgan redujo su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026 a 1,5% y anticipó una contracción anualizada de 4% en el tercer trimestre. El FMI, después de su misión de septiembre, reclamó además que el crecimiento no quede concentrado en energía, minería y agro y que alcance a una porción más amplia de la economía y de los trabajadores.
Mientras el relato oficial se organiza alrededor de las posibles inversiones futuras, la economía real acumula señales de deterioro. El riesgo país cerró septiembre en 606 puntos, contra 514 al cierre de agosto, una suba de 92 puntos. El contexto internacional fue adverso para toda la región, pero el incremento argentino superó al de Ecuador, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay. En el mismo mes, Brasil bajó tres puntos. Un informe de Delphos citado por Bloomberg Línea señaló que la deuda argentina ya venía mostrando debilidad antes del shock internacional de septiembre. La actividad también mostró señales negativas. El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y el EMAE registró en julio una caída mensual de 2,9%, la mayor contracción mensual en seis años. El índice líder de la Universidad Torcuato Di Tella acumuló tres meses consecutivos de descenso y estimó una probabilidad del 82% de entrada en recesión.
El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, alertó a través de un hilo de X que la recaudación de IVA continúa contrayéndose. "En septiembre, cayó un 5,3% contra septiembre de 2025, encadenando 11 meses consecutivos de caída. La caída en lo que va del año es de 6,5% respecto de 2025 y del 14,5% contra 2023". Mientas el Gobierno pasa su segunda semana consecutiva culpando a Axel Kicilloff por sus males, desde la Provincia señalan los problemas verdaderos. El ajuste produce menos consumo, esto es igual a menos recaudación y a un nuevo ajuste como consecuencia.
Pero, mientras el Gobierno creía que las batallas parlamentarias se darían por las PASO, el Presupuesto, Discapacidad o Morosos, la decisión de la Corte de suspender una cautelar contra la posibilidad ilimitada de vender tierras a extranjeros le apareció como un verdadero cisne negro. Le costó acomodarse toda la semana a la novedad y medir cuánto daño podría hacer el llamado a una mega sesión, con movilización en la calle, que busque voltear el DNU 70/2023, que contiene la derogación de la Ley de Tierras pero muchas otras cosas también.
Si el DNU 70/2023 fuera rechazado por ambas cámaras, quedarían sin efecto hacia adelante las modificaciones que introdujo en áreas como alquileres, trabajo, obras sociales y prepagas, medicamentos y regulación sanitaria, comercio y desregulación económica, tarjetas de crédito y régimen de empresas públicas, además de la modificación del régimen de tierras rurales. En términos concretos, se desarmaría el esquema de desregulación que el decreto estableció sobre esos sectores y dejarían de regir sus modificaciones a las leyes laborales, de alquileres, de salud, de medicamentos, de comercio y de empresas estatales. El DNU había modificado 87 normas, por lo que el alcance es muy amplio.
Cerca de Martín Menem sondearon a los aliados y están seguros de que la oposición no tiene número para la sesión del 15. Para vaciarla, quieren convocar una sesión para el 21, cuyo temario incluiría el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad y el dictamen de mayoría que busca darle transparencia a los nuevos créditos; también la Ley de Soberanía y "proyectos de los aliados", como el de vandalismo rural que promueve el PRO y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco, una propuesta del radicalismo.
En paralelo, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una cautelar para suspender el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El planteo busca frenar la aplicación de ese artículo antes de la sesión de Diputados convocada para el 15 de octubre pero, si llega por per saltum a la Corte y esta falla rápido, preocupada por las consecuencias políticas de su anterior acordada, puede volver abstracto el rechazo y terminar siendo una ayuda a los libertarios.
"Es todo humo", dicen en el despacho de Menem: "No van a conseguir el número, y si lo hicieran, al otro día reponemos todos los cambios por decreto". Parece difícil que los gobernadores que ya mostraron su oposición a la extranjerización de la tierra cambien su postura. En las últimas horas, fue el gobernador misionero Hugo Passalacqua el que aseguró que enviará una norma a la legislatura provincial para poner límites al tema e instruyó a sus diputados para que rechacen el DNU en el Congreso Nacional.
La que también marca diferencias en distintos temas con el discurso oficial es la Iglesia, en la víspera de la visita del papa León XIV. En una misa con motivo del viaje del Santo Padre, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que el Papa se encontrará con "una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día" y con un país "herido" por la división. También habló de una proporción muy grande de argentinos pobres que "la están pasando mal".
Desde Córdoba, el arzobispo Ángel Rossi fue todavía más directo. Dijo que el Papa encontrará una Argentina "cascoteada por la pobreza" y cuestionó el relato oficialista sobre la situación económica. "A veces hay un relato que uno dice: ¿desde dónde me hablan?", sostuvo. Y agregó, en referencia a la idea de que el Gobierno presenta una realidad alejada de la que viven los ciudadanos: "Uno pensaba que el hombre no había llegado a Marte, pero parece que sí".
