Caso $LIBRA: el fiscal Taiano debe expedirse sobre el pedido de indagatoria a Javier Milei

Tras la difusión mediática del peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que da cuenta del contrato y las llamadas, Martínez de Giorgi depositó en Taiano la responsabilidad por el pedido de indagatoria de Milei que realizaron INECIP y CIPCE.

"Por recibida la presentación realizada por Pedro M. Biscay, y Julián Alfie, y toda vez que la presente causa se encuentra delegada en la Fiscalía Federal nro. 8, remítase a dicha sede a sus efectos", indicó el juez, según publicó El Destape. Taiano debe decidir si acepta o rechaza citar a indagatoria al Presidente.

La dupla de abogados también sumó que la Secretaría general de la Presidencia y la Secretaría Legal y Técnica respondieron a un pedido de acceso público a la información pública que consultaba por la existencia del contrato firmado entre Milei y Novelli.

"No hay registro en esta Secretaría General de acuerdo y/o convenio conforme los términos de su requerimiento", respondió la cartera encabezada por Karina Milei. Mientras que la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzaba Murphy, indicó: "En el ámbito de esta Dirección General, no se hallan antecedentes de lo requerido que guarden relación con el objeto de la solicitud". La Procuración del Tesoro respondió en la misma línea.

Solo la Oficina Anticorrupción, también consultada para el amicus curiae, pidió prorrogar el plazo de respuesta otros 15 días hábiles para "contar con un mayor tiempo para dar respuesta a su requerimiento".

De qué acusan el INECP y el CIPCE a Javier Milei

Alfie y Biscay ampliaron sus fundamentos para que Martínez de Giorgi cite a declaración indagatoria a Milei "bajo los alcances del artículo 265 del Código Penal, que establece el tipo penal de negociaciones incompatibles con la función pública".

"Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones", establece el mencionado artículo.

Para concluir la ampliación de sus fundamentos, los abogados cuestionaron "la ausencia absoluta de información pública por parte del del Ministerio Público Fiscal". "No se conocen los motivos por los cuales la causa no avanzó siquiera a una primera instancia de indagatoria de las personas investigadas, pese al cuantioso y diverso material probatorio disponible", apuntaron.

La ampliación del amicus curiae presentado por el INECP y el CIPCE