Ante la ola de despidos, ATE convocó a una protesta con ingresos masivos a ministerios y organismos

Según un relevamiento del sindicato, al jueves 28 de marzo ya son más de 5 mil las cesantías confirmadas, y 2 mil más que están en proceso de materializarse durante la jornada, lo que incluye a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.

En esta línea, Aguiar planteó: "Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar".

"El Presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela", apuntó el secretario general de ATE.

"Frente a esta tragedia social que están provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar", concluyó Aguiar.

Los vínculos laborales que están en riesgo son unos 70 mil. De ese total, 65 mil corresponden a los denominados Artículo 9 de la planta transitoria del Estado, y el resto son contratos de Asistencia Técnica y Profesional (ATP).

El reclamo de ATE a Sandra Pettovello

En una nota firmada y dirigida al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, el sindicato informó que la medida de fuerza nacional se desarrollará en reclamo de aumento salarial que supere la inflación, pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todos los trabajadores, cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los despedidos, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados, anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales y anulación del DNU 70/23.