Protesta de inquilinos en Europa: evalúan una huelga continental tras el desalojo de una anciana en Madrid

Unas 70 organizaciones por el derecho a la vivienda se reúnen esta semana en Madrid para evaluar una huelga de alquileres a escala europea, motivadas por la conmoción que provocó el desahucio de Maricarmen, una jubilada de 87 años expulsada del departamento donde residió durante más de siete décadas.

El encuentro, enmarcado en la red European Action Coalition, reúne también a agrupaciones de Estados Unidos y América Latina. Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, definió la meta de la cumbre: "La idea es compartir experiencias y ver cómo podemos hacer una hoja de ruta común".

Frente a un problema habitacional que cruza fronteras, las agrupaciones estudian llevar la resistencia a nivel continental. El vocero señaló la intención de "plantearse la idea de una huelga de alquiler a nivel europeo o ver cómo podemos avanzar hacia ese horizonte", en continuidad con la Declaración de Barcelona impulsada en 2024.

Los activistas señalan la irrupción de los fondos de inversión como el actor clave de la distorsión del mercado inmobiliario. Según Pérez, estas corporaciones modificaron las reglas del sector: "Lo que han impuesto es una lógica de cómo ver la vivienda, de ver la vivienda como un activo financiero al que sacarle la máxima rentabilidad posible, exprimirlo lo máximo posible, subir el alquiler todo lo posible".

El desalojo judicial de Maricarmen: el caso que encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de los inquilinos

El caso que detonó las movilizaciones tiene como protagonista a Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue expulsada por la fuerza policial de su departamento en el céntrico barrio madrileño de Retiro.

La anciana residió en esa misma vivienda durante 71 años, desde que su padre firmó un contrato de arrendamiento en 1956. Tras la muerte de sus progenitores, ella heredó el acuerdo y mantuvo el pago de una cuota mensual de 500 euros, monto que la empresa propietaria Urbagestión exigió triplicar para evitar la expulsión.

La compañía inmobiliaria argumentó la ilegalidad de la doble herencia del contrato y ganó el litigio en el Tribunal Supremo de España. Tras tres intentos previos de desalojo frustrados por la resistencia vecinal, las autoridades ejecutaron la orden judicial definitiva. La anciana fue retirada en camilla y trasladada en ambulancia a un hospital por un cuadro de agotamiento severo, sin recibir siquiera una hora de plazo para retirar sus pertenencias de toda la vida.

La imagen de la jubilada obligada a abandonar su hogar provocó un estallido de indignación en la sociedad española. Cientos de activistas intentaron frenar el operativo policial en la puerta del edificio, al tiempo que miles de ciudadanos protagonizaron manifestaciones espontáneas en las calles de Madrid para repudiar el accionar de los inversores inmobiliarios frente a los sectores más frágiles de la población.

Los contratos de renta antigua creados bajo la dictadura de Franco pierden vigencia en España

La problemática de los adultos mayores remite a la caducidad de los alquileres de renta antigua, una figura legal instaurada durante la dictadura de Francisco Franco.

Este régimen congelaba el canon de arrendamiento y garantizaba el uso vitalicio de la propiedad, pero las reformas normativas posteriores autorizaron el fin de estas protecciones y dejaron a los inquilinos históricos expuestos a las exigencias actuales del mercado.

Las organizaciones sociales confían en la autoorganización vecinal como la única vía para revertir los desahucios masivos.