Por temor a ser detenido, Vladimir Putin no asistirá a la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro

La orden de detención del TPI, emitida en marzo de 2023, acusa a Putin de presuntos crímenes de guerra, específicamente por la deportación ilegal de niños ucranianos desde zonas ocupadas por las fuerzas rusas hacia territorio de la Federación Rusa. Moscú desestimó la validez de la orden y no reconoce la legitimidad del TPI, ya que no firmó el tratado constitutivo del tribunal con sede en La Haya.

El antecedente de la reunión de los BRICS en Sudáfrica, en 2023

Esta situación no es nueva para el líder ruso. Un escenario similar ocurrió en 2023, cuando Putin optó por no asistir a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, otro país que forma parte del TPI y que, en ese momento, enfrentaba un dilema legal similar.

A pesar de que la orden carece de efectos directos dentro de Rusia, sí limita la capacidad de Putin para viajar a más de un centenar de países sin riesgo de ser detenido.

La orden de arresto señala que existen "motivos razonables" para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual, ya sea por haber cometido los crímenes directamente o por no haber ejercido control sobre quienes los perpetraron.

Según las acusaciones, los menores ucranianos fueron trasladados ilegalmente en varios contextos, incluyendo la separación forzada de sus padres. Hasta la fecha, las autoridades ucranianas han logrado recuperar a 307 niños, de un total de al menos 16.000 identificados.