La Unión Europea aprueba un plan migratorio más restrictivo y eleva las penalidades

La Unión Europea (UE) estableció este lunes un marco legal migratorio más estricto, que aumenta las sanciones a las personas que no abandonan el territorio y permite la creación de centros de deportación fuera de sus fronteras.

La nueva directiva, impulsada por la necesidad de controlar los flujos irregulares, introduce mecanismos para agilizar las expulsiones, endurece los castigos para quienes se niegan al retorno y establece reglas para la detención de migrantes en situación irregular.

El cambio más significativo de la normativa se centra en las penalidades. Los Estados pertenecientes a la UE ahora tienen la potestad de imponer multas y prohibiciones de ingreso a la zona Schengen por un plazo de hasta cinco años a aquellos inmigrantes que no cumplen con la orden de retorno a sus naciones. Esta medida busca disuadir a quienes permanecen en el territorio de forma irregular luego del rechazo a su solicitud de asilo.

Las penas más rígidas y los polémicos "centros de deportación" fuera de la Unión Europea

Otro punto central de la reforma es la posibilidad de instalar "centros de deportación" en terceros países. El bloque europeo negociará con naciones externas para crear estas estructuras, cuyo objetivo es gestionar las devoluciones de manera más efectiva y rápida, fuera del territorio comunitario.

La normativa también establece reglas más duras y uniformes sobre la detención de personas que se encuentran en situación irregular. La directiva enmarca las condiciones y la duración máxima de la retención. Los impulsores, pertenecientes a la derecha y ultraderecha de distintos países, aseguran que el objetivo principal de estas modificaciones es constatar que la persona esté disponible para el proceso de retorno o de deportación, sin posibilidad de fuga.

La aprobación de esta política migratoria es el resultado de años de negociaciones tensas, impulsadas principalmente por países como Dinamarca, cuyo gobierno adoptó medidas altamente restrictivas para los migrantes. El pacto responde a las demandas de los gobiernos que abogan por una mayor seguridad fronteriza y por una gestión más eficiente de las llegadas irregulares.

Con este paquete de medidas, la UE busca un equilibrio entre la protección de los derechos de asilo y la necesidad de demostrar firmeza ante los desafíos migratorios. Sin embargo, los críticos de la medida alertan que el endurecimiento de las normas podría vulnerar los derechos humanos de los solicitantes de asilo y aumentar la vulnerabilidad de las personas.