Nayib Bukele llegó a la Presidencia de El Salvador en 2019 con 37 años, consagrándose como el jefe de Estado más joven de la historia de su país. Desde el primer día emprendió una guerra contra las maras que elevaron la cantidad de homicidios por encima de los registrados durante la peor época de la guerra civil. Sus métodos han contenido la delincuencia y el pandillismo, pero también han despertado denuncias de organismos nacionales e internacionales, como las de la ONU o Amnistía Internacional sobre “violaciones masivas a los derechos humanos” como consecuencia de la suspensión de derechos constitucionales.
El mayor enemigo de Bukele es la Mara Salvatrucha, una de las organizaciones delictivas más peligrosas del mundo. Su origen se remonta a los años de la guerra civil que comenzó en 1979 y expulsó a miles de salvadoreños al exilio en Estados Unidos. Una vez allí y radicados principalmente en Nueva York y Los Ángeles, los exiliados se juntaron entre sí para hacer frente a la agresión de otras comunidades.
No fue hasta 1992 que logró firmarse un acuerdo de paz y, con ello, el regreso de muchos de los emigrados, que a su llegada se encontraron con grandes niveles de pobreza y armas a disposición, y comenzaron a organizarse criminalmente. Su negocio principal está ligado a la extorsión, y también al narcotráfico, robos, contrabando de armas, secuestro, y sicariato. Y ha sido justamente el “peaje” o la extorsión a transportistas, vendedores ambulantes, repartidores y comerciantes lo que les ha financiado su subsistencia.
Un informe de la organización Crisis Group de 2017 señaló que en ese entonces la recaudación por extorsión de las maras en El Salvador representaba el 3% del PBI del país, a razón de u$s756 millones al año. Ahora, el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la extorsión por parte de las pandillas se redujo en un 80% a nivel nacional.
Según cifras del ministerio de Seguridad, desde marzo de 2022, más de 63 mil personas fueron detenidas, acusadas de ser pandilleras. Y el mismo Bukele viene anunciando en sus redes sociales que la tasa de homicidios anualizada a febrero de 2023 en El Salvador se convirtió en la más baja de América, después de Canadá con 1,8 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Pero la prensa independiente y organismos internacionales descreen de los números oficiales, aunque conceden que la tasa viene en franco descenso. En 2015, alcanzó el pico de 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes y cerró 2022 con 7,8 homicidios por cada 100 mil.
El inicio
La embestida de Nayib Bukele comenzó el 27 de marzo de 2022, luego de que 87 personas fueran asesinadas en un solo fin de semana. Ese mismo día se estableció un régimen de excepción que, desde entonces, ha sido prorrogado en diez ocasiones.
El Estado de Excepción fue aprobado por el Congreso, y en los hechos significó la suspensión de distintas garantías constitucionales como límites a la libertad de asociación, detenciones sin órdenes judiciales, la supresión del derecho a ser informado de las razones que motivan los arrestos, intervenciones telefónicas y una ampliación de 72 horas a 15 días en el plazo de la detención administrativa.
En paralelo, se introdujeron reformas al Código Penal, y de esta manera, las penas de prisión se elevaron de 9 a 45 años para los líderes pandilleros, la condena por pertenencia a una pandilla aumentó de 3 a 30 años de cárcel, se eliminó la libertad condicional en relación a delitos como el homicidio y los menores pertenecientes a las maras se juzgan ahora como a adultos.
Por aquel entonces, Bukele anunció que a una semana de la implementación de la excepción, “la comida es racionada y los 16 mil pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas ni han visto el sol”. Se fortaleció la presencia del Ejército y la policía en las calles, y las redadas contra sospechosos derivaron en detenciones masivas. Pero detrás de esas cifras se esconden los excesos.
Golpizas y torturas
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana denunció que al menos 2.000 arrestos se realizaron de manera arbitraria y más de 250 reclusos recibieron golpizas y torturas de todo tipo. Y Human Rights Watch denunció que “las fuerzas de seguridad han maltratado a comunidades vulnerables con violaciones generalizadas a los derechos humanos en nombre de la seguridad pública”. Las dos ONG consideraron que las sucesivas prórrogas al estado de excepción podría incurrir en potenciales abusos por parte del gobierno. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que esperaba que “las medidas que se adopten en respuesta estén en línea con las leyes y estándares internacionales de los derechos humanos”.
Un informe periodístico compartido en Twitter por el mandatario salvadoreño da cuenta de que la cifra de detenidos en las cárceles alcanzaría actualmente al 2% de la población adulta. Durante años, se ha considerado que el país tiene uno de los sistemas penitenciaros más sobrepoblados de Latinoamérica, lo que ha valido innumerables denuncias de organizaciones humanitarias por las pésimas condiciones carcelarias. Según estimaciones de World Prison Brief, el sistema carcelario de El Salvador tiene una capacidad para albergar unas 27 mil personas, apenas un 35% de la cantidad total de detenidos.
La nueva megacárcel
En este marco, Bukele ordenó la construcción de una megacárcel para albergar hasta a 40 mil pandilleros. Construida a 74 kilómetros de San Salvador, el mandatario asegura que es la “más grande de América”, por sus 23 hectáreas de pabellones sobre un predio de 166 hectáreas. El jefe de Estado la inauguró y recorrió el llamado “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, que tiene sistemas de vigilancia con circuitos de video, y un muro perimetral de más de 2 kilómetros.
Mientras el mandatario gobierna prácticamente a través de las redes sociales, en los últimos días tuiteó lo que consideraría una reivindicación a su estrategia, afirmando que “la oposición salvadoreña, sus gremiales, sus medios, sus ONG, sus expertos; todos salieron ayer al unísono, aceptando el éxito total de nuestra guerra contra las pandillas”. Mientras tanto, las denuncias por abusos crecen.
