El Parlamento de Israel aprobó este lunes una ley para autorizar la pena de muerte para ciudadanos palestinos condenados por asesinar a israelíes en ataque considerados terroristas o de carácter nacionalista. La norma obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra, se aplicará únicamente a hechos futuros y entrará en vigor dentro de 30 días.
El primer ministro Benjamin Netanyahu apoyó en el recinto la iniciativa del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Durante el debate parlamentario, el funcionario promotor de la medida afirmó: “Desde hoy, todo terrorista lo sabrá: quien quite una vida, el Estado de Israel le quitará la vida”.
El texto legal impone el ahorcamiento como castigo por defecto en los tribunales militares para los habitantes de Cisjordania. En paralelo, las cortes civiles israelíes podrán optar por la pena máxima o la prisión perpetua ante crímenes con intención de dañar la existencia del Estado.
La Autoridad Nacional Palestina repudió la decisión de forma inmediata a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Mediante la red social X, la cartera diplomática sostuvo: “Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino”. Además, añadió: “Esta ley revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí, que busca legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo legislativo”.
Diversos actores civiles e internacionales rechazaron la nueva normativa
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel elevó un recurso ante el Tribunal Supremo por el carácter discriminatorio de la regla. Sobre este punto, el investigador Amichai Cohen advirtió sobre la desigualdad del sistema judicial y explicó: “Los judíos no serán acusados en virtud de esta ley”.
El proyecto también generó fuerte preocupación en las Naciones Unidas y en países europeos aliados. Representantes de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña alertaron de forma previa sobre los riesgos de esta legislación para los compromisos democráticos de la nación hebrea.
En el plano de la política interna, varios legisladores opositores señalaron las posibles complicaciones para futuras negociaciones de rehenes. A su vez, recordaron las objeciones de la agencia de seguridad interna Shin Bet ante el peligro de nuevas represalias a causa de la sanción.