Ecuador se encamina a un referéndum: qué puede cambiar

El Gobierno aseguró que es una herramienta para "enfrentar problemas que Ecuador no ha podido resolver en el pasado". Las preguntas que se le plantean a la ciudadanía tienen el objetivo de modificar o crear artículos de la Constitución.

Ecuador se prepara para dar los primeros pasos hacia un referéndum. El Presidente Guillermo Lasso presentó la iniciativa como una “consulta ciudadana”, aunque en los hechos será un referéndum.

La consulta popular y el referéndum se entienden técnicamente diferente en Ecuador. La consulta popular refiere a la participación ciudadana en una votación sobre temas de interés nacional ya sean políticos, económicos o sociales. El referéndum es indivisible de la Constitución Nacional, porque las preguntas que se le plantean a la ciudadanía tienen el objetivo de modificar o crear artículos de la Carta Magna.



La última vez que se realizó una consulta popular fue en 2018, bajo el gobierno de Lenin Moreno, con la que se eliminó la reelección indefinida aprobada durante el mandato de Rafael Correa. En esa ocasión, también se aprobaron regulaciones a la prensa, reformas en la justicia y la inhabilitación a políticos que tuvieran capitales en paraísos fiscales.

Al momento de presentar la propuesta, Lasso dijo que “la consulta enfrentará problemas que Ecuador no ha podido resolver en el pasado”, e indicó que se estructuraría en tres grandes ejes: seguridad, institucionalidad y medioambiente.

La intención es que se realice en los primeros meses de 2023. Antes de febrero, mejor para el Gobierno, que pretende despegar el plebiscito del proceso electoral seccional y así evitar la influencia de las preferencias electorales del votante.

Para ello, las preguntas ya comenzaron su recorrido constitucional: el 12 de septiembre, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó a la Corte Constitucional (CC) el documento. Este organismo es clave, porque será quien determine cómo se implementarán las modificaciones planteadas a la Constitución, pero principalmente, la constitucionalidad de las preguntas de acuerdo al marco legal vigente. La Corte tiene 20 días para validar las preguntas, y vencido el plazo, se considera que el dictamen es favorable.

Una vez que se pronuncie la Corte, las preguntas serán remitidas al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que marcará el puntapié oficial para desarrollar el referéndum: tendrá 15 días para convocar a la Consulta y ésta deberá realizarse en 45 días.

El apruebo o rechazo a cada una de las ocho preguntas marcarán dos caminos legales diferentes. Si las preguntas de referéndum (las que modifican la Constitución Nacional) obtienen el apruebo, entrarán en vigencia en el Registro Oficial y reformarán la Constitución. En el caso de las preguntas de consulta popular, se pondrán en práctica a través de una ley sancionada por la Asamblea Nacional.

  • ¿De dónde surge esta iniciativa?

El Presidente Lasso explicó que su propuesta es el resultado de conversaciones con víctimas de la inseguridad, estudiantes, indígenas, campesinos, ONGs, ambientalistas, mujeres y otros sectores; y que se trata de “la solución para escoger el tipo de sociedad que Ecuador quiere para las próximas décadas”.

Lo cierto es que Guillermo Lasso llegó a la Presidencia en mayo de 2020 y ha enfrentado una dura oposición en la Asamblea, que lidera el partido UNES del expresidente Rafael Correa. Los índices de aprobación tampoco le resultan holgados: encuestas de opinión pública le otorgan apenas entre un 20% y un 30% de aceptación ciudadana y 7 de cada 10 encuestados consideran que su gestión es deficiente. La mayoría de los analistas políticos ecuatorianos consideran que no es el momento más oportuno para que Carondelet promueva el plebiscito. En este contexto, el Gobierno terminó presentando oficialmente 8 de las 30 preguntas iniciales que habían planteado.

  • ¿Cuáles serán los temas de consulta?

Las preguntas se organizan a través de ejes temáticos, con una introducción relacionada con la situación actual de cada uno de los plantes. El primer pilar es el de la seguridad y propone tres consultas.

  • UNO

¿Está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?

Actualmente, las Fuerzas de Seguridad no pueden colaborar con la Policía Nacional en la seguridad interna ni en el mantenimiento del orden público. Sus funciones refieren explícitamente a la defensa de la soberanía e integridad territorial.

El aumento del crimen organizado y el narcotráfico provocó que desde mayo de 2021, 12 de los 14 estados de excepción decretados por el Jefe de Estado tuvieran como objetivo en gran parte el apoyo de los militares a la policía en las cárceles, manifestaciones y seguridad ciudadana, tareas que no podrían haber realizado de otra forma porque están vedadas por la Constitución Nacional.

  • DOS

¿Está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución de acuerdo al Anexo 2?

La extradición de los ecuatorianos está prohibida en la Constitución, independientemente del delito del que se trate. Esto incluye al crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes. La enmienda busca poder habilitar la extradición para los narcocrímenes, de modo que puedan ser juzgados en los países donde se hayan cometido los delitos.

  • TRES

¿Está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?

Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende y capacita a fiscales a pesar de que la Fiscalía es un organismo autónomo. El Gobierno busca cambiar el funcionamiento de la Fiscalía General para que no dependa del Consejo y garantizar su independencia, encargándose ella misma de los fiscales que la conforman a través de un Consejo Fiscal.

Un gran problema al que se enfrenta Ecuador es el déficit de fiscales: hay 573 puestos vacantes. Sobre este tema ya se expresó la Fiscalía, que indicó que aunque está a favor de obtener mayor autonomía, la creación del Consejo Fiscal sería un obstáculo. El segundo pilar es el de la institucionalidad, y también plantea tres consultas.

  • CUATRO

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provisional adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residen en el exterior, enmendando a la Constitución de acuerdo con el Anexo 4?

La Asamblea Nacional está integrada hoy por 137 legisladores, y según la Constitución Nacional y guiados por el censo de este año, en 2025 el número podría ascender a 152.

La propuesta busca reducir el total de representantes a unos 100 congresistas, para ejercer un mejor control ciudadano de los miembros de una institución con su imagen y credibilidad dañadas.

  • CINCO

¿Está de acuerdo con exigir a los movimientos políticos que cuenten con un número de afiliados mínimo al equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo al Anexo 5? Actualmente, existen 272 movimientos políticos en el Ecuador.

De acuerdo al planteo del Gobierno, estos partidos no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros. El planteo deja de lado a los partidos políticos, pero pone el foco en las afiliaciones fraudulentas. La propuesta establece un mínimo de representación equivalente al 1,5% del padrón electoral de su jurisdicción y la obligatoriedad de implementar un registro de sus miembros, que pueda ser auditado por el Consejo Nacional Electoral.

  • SEIS

¿Está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de los procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. Una gran crítica que se le hace es el retraso en los nombramientos, que ha ocasionado la prórroga hasta de varios años en sus funciones de muchos de ellos.

Durante su campaña, Lasso había prometido la eliminación de este organismo, algo que no fue posible porque requería de una Asamblea Constituyente. En cambio, se propone modificar sus funciones: ya no se encargaría más de la designación de autoridades de control, una atribución que se le otorgaría a la Asamblea Nacional. Las consultas sobre el medioambiente son dos:

  • SIETE

¿Está de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?

La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección. Este tema surgió de las mesas de diálogo del Gobierno con movimientos indígenas y tiene como objetivo proteger el agua.

  • OCHO

¿Está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiados de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?

La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. El Estado será quien definirá los lineamientos y mecanismos de compensación y sus destinatarios.

Existe la posibilidad de que el Gobierno incorpore otras dos preguntas, que no serían de referéndum sino de consulta popular, pero aún no han trascendido. A la espera de las definiciones de la Corte Constitucional, todo indicaría que la celebración del referéndum es un hecho.

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