Las víctimas tenían entre 11 y 15 años. Fueron detenidas irregularmente en diciembre de 2024 y halladas días después calcinadas y con heridas de bala. Los uniformados sometieron a los menores a tratos crueles, incluyendo golpes con armas y vejaciones racistas.
Además de la pena, los militares condenados deberán pedir disculpas públicas, pagar una multa de u$s376.000 y una indemnización de u$s10.000 para cada una de las familias afectadas.
Un tribunal de Ecuador condenó este lunes a once militares a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes. Las víctimas, de entre 11 y 15 años, fueron detenidas irregularmente en diciembre de 2024 y halladas días después calcinadas y con heridas de bala en una zona de manglar próxima a Taura.
La sentencia incluye penas reducidas de treinta meses de cárcel para otros cinco soldados que se acogieron a la "cooperación eficaz", mientras que un teniente coronel procesado como cómplice resultó absuelto. Además de la reclusión, el tribunal impuso una multa de u$s376.000 y una indemnización de u$s10.000 para cada una de las familias afectadas.
El fallo establece que los uniformados sometieron a los menores a tratos crueles, incluyendo golpes con armas y vejaciones racistas. Según el juez ponente, Jovanny Suárez, la Fiscalía demostró que las víctimas vivieron momentos de "horror" tras ser capturadas en los exteriores de un centro comercial en Guayaquil bajo sospecha de robo.
Durante el proceso se reveló la existencia de un "pacto del silencio" entre los involucrados, quienes ocultaron la detención a sus superiores y a la Policía. Pruebas audiovisuales clave mostraron a los soldados golpeando a los niños, e incluso se registró a un uniformado increpando a una víctima: "Agradece, negro, que no te metí un tiro".
El fiscal Christian Fárez sostuvo que los militares expusieron a los menores a un "alto riesgo" al abandonarlos desnudos en una zona de peligro en lugar de entregarlos a las autoridades. El tribunal ratificó que el asesinato pudo evitarse si la patrulla militar hubiera notificado el procedimiento de manera inmediata y legal.
Este dictamen representa la primera condena por violaciones a los derechos humanos bajo el "conflicto armado interno" decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024. Organizaciones civiles documentaron al menos 33 casos similares de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.
Tras conocerse el veredicto, familiares y vecinos de las víctimas celebraron el fallo al grito de "justicia" en los exteriores de la corte. La sentencia ordena también que los responsables ofrezcan disculpas públicas y que el extracto del fallo sea publicado en el medio de comunicación de mayor circulación nacional.
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