Chaco: siete policías detenidos por intentar robar panes de cocaína durante una quema de droga

Siete oficiales de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía de Chaco fueron imputados y recibieron 100 días de prisión preventiva tras intentar sustraer 9 kilos de cocaína durante una quema oficial de estupefacientes. Los agentes están acusados de "tenencia de droga con fines de comercialización agravada por ser funcionarios públicos y por la participación de tres o más personas y peculado".

La maniobra fue descubierta en el polígono policial de Colonia Benítez durante la incineración de 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana. Mientras autoridades judiciales y políticas supervisaban el acto, el secretario del juez federal Ricardo Mianovich advirtió que los policías intentaban ocultar una caja con droga en un patrullero.

Al requisar a los sospechosos, las autoridades hallaron dosis de estupefacientes y un ladrillo de yeso, el cual habrían utilizado para reemplazar los panes de cocaína originales antes de que ingresaran al fuego. Los investigadores sospechan que se trató de una maniobra planificada y buscan determinar si los imputados realizaron este tipo de sustituciones en operativos previos.

Los detenidos fueron identificados como el comisario Rubén Héctor César Alegre, el subcomisario Andrés Franco Ramírez, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el sargento Gustavo Jesús Acosta y los subalternos Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Andrés Quizama y Juan Nicolás Almirón Núñez. Actualmente se encuentran alojados en dependencias de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

La jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo de la causa que lidera el fiscal Patricio Sabadini, autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados. Además, se ordenaron pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados para rastrear posibles comunicaciones vinculadas a la comercialización de la sustancia sustraída.

En la audiencia imputativa, solo cinco de los siete policías prestaron declaración. Aunque la fiscalía había solicitado un plazo de prisión preventiva mayor, la magistrada fijó los 100 días iniciales mientras avanza la instrucción de un caso que ha provocado un fuerte impacto institucional en la cúpula de la seguridad provincial.