El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir la tensión con Venezuela en el marco de su conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que "habrá acción terrestre". Además, desmintió haber ordenado el envío de bombarderos B-1.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump cuestionó nuevamente al gobierno de Maduro y señaló una relación entre Venezuela y la gestión de Joe Biden: "No estamos satisfechos con Venezuela por múltiples razones. Las drogas son parte del problema pero además, enviaron reclusos a nuestro país desde hace años. Lo hicieron bajo el gobierno de Biden y ahora tenemos una frontera cerrada".
En tanto, diferenció su postura. "En los últimos cuatro o cinco meses, los reportes dicen 'cero'. Ahora, tenemos una frontera cerrada y la gente que está entrando al país lo está haciendo de manera legal. Quizás tenemos la frontera más segura de cualquier nación. Los cuatro años previos no era así", señaló.
En este marco, expuso su malestar por las medidas venezolanas: "Estamos muy descontentos por lo que hizo Venezuela. Vaciaron sus cárceles enviando los reclusos a nuestro país. Sólo un estúpido hubiera aceptado eso".
La conferencia de prensa del republicano se produjo para explicar sus medidas contra los cárteles y la trata de personas. Además, se realizó después de que su gobierno le diera luz verde a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela, intensificando la presión contra el régimen de Maduro.
La información, revelada por The New York Times, llegó en un contexto de aumento de operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe, enfocadas en la interdicción de supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
La autorización otorgada a la CIA es de gran alcance. Presuntamente permite la ejecución de operaciones letales en territorio venezolano y una variedad de misiones en aguas del Caribe, de acuerdo con el reporte del Times que cita a altos funcionarios de la administración. La medida representa un nuevo y significativo paso en la escalada de la campaña de Washington contra el gobierno de Maduro, al que tacha de ilegítimo y vincula directamente con redes de narcotráfico.