La compañía dirigida por Sam Altman detectó un dispositivo de grabación oculto en una de sus oficinas y recurrió a sus propios sistemas de IA para rastrear su origen. El sospechoso, Abdulrahman Alfozan, de 35 años, fue detenido por el FBI y enfrenta cargos que prevén hasta cinco años de prisión en Estados Unidos.
El empleado identificado en la investigación es Abdulrahman Alfozan, de 35 años.
OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT, detectó un dispositivo de grabación oculto en una de sus oficinas y utilizó sus propios modelos de inteligencia artificial para determinar quién lo había instalado. El episodio derivó en una investigación federal que culminó con la detención de un empleado sospechoso de haber colocado el aparato sin autorización.
La empresa dio a conocer el caso ayer, martes 13 de octubre, mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Según explicó, sus sistemas de IA permitieron examinar el dispositivo, rastrear su procedencia y establecer que había sido instalado por un trabajador en una sala de reuniones pocos días antes de su hallazgo.
OpenAI no precisó qué técnicas empleó para identificar al responsable ni ofreció información sobre las características del equipo de grabación. Tampoco detalló cómo se desarrolló el proceso interno que condujo a la identificación del sospechoso.
Tras detectar el dispositivo y reunir información sobre su origen, la compañía presentó una denuncia ante las autoridades federales estadounidenses. El trabajador fue despedido y la investigación continúa abierta.
“Estamos agradecidos a los agentes y fiscales que actuaron rápidamente para efectuar una detención”, expresó OpenAI en su comunicado, en el que también manifestó su disposición a seguir colaborando con las autoridades.
El empleado identificado en la investigación es Abdulrahman Alfozan, de 35 años. De acuerdo con información difundida por la agencia Associated Press (AP), fue detenido el 9 de octubre y enfrenta cargos por “interceptación de comunicaciones”, una figura penal que contempla una pena de hasta cinco años de prisión en Estados Unidos.
El caso generó interrogantes sobre los posibles objetivos de la instalación del dispositivo y la eventual exposición de información confidencial de la compañía. Sin embargo, OpenAI sostuvo que, hasta el momento, no encontró indicios de que el trabajador hubiera accedido de manera indebida o extraído los parámetros de sus modelos de inteligencia artificial, el código fuente o los datos de sus clientes.
La empresa no informó si el aparato llegó a captar conversaciones ni especificó qué tipo de información podría haber estado al alcance del dispositivo. Tampoco comunicó detalles adicionales sobre las pruebas reunidas durante la investigación.
En su declaración pública, OpenAI subrayó que la protección de su tecnología, sus datos y sus empleados constituye una prioridad. La compañía señaló que sus protocolos de seguridad contemplan tanto las amenazas internas como los ataques informáticos y los riesgos asociados con actores vinculados a gobiernos extranjeros.
El episodio puso de relieve los desafíos que enfrentan las empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial avanzada para resguardar sus instalaciones y proteger sus activos tecnológicos, en un contexto de creciente competencia internacional por el desarrollo de estos sistemas.
La investigación también tuvo repercusiones en el ámbito de la seguridad nacional de Estados Unidos. Jay Clayton, director de Inteligencia estadounidense y recientemente designado al frente del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial, conocido como Super Intelligence Force, vinculó el caso con la disputa internacional por el liderazgo en esta tecnología.
“Este caso demuestra por qué ganar la carrera mundial por la superinteligencia es un imperativo de seguridad nacional”, declaró Clayton en un comunicado.
El funcionario añadió que “los servicios de inteligencia estadounidenses siguen movilizados para proteger la propiedad intelectual de vanguardia de Estados Unidos frente a las amenazas extranjeras”.
Sus declaraciones relacionaron el incidente con la preocupación del Gobierno estadounidense por la protección de los avances tecnológicos considerados estratégicos. No obstante, la información difundida sobre el caso no establece que el empleado detenido haya actuado por encargo de un gobierno extranjero ni que se haya producido una filtración de secretos tecnológicos.
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