Luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenara la detención de las personas que se encontraban protestando con un corte total de las vías del Ferrocarril San Martín, a la altura del barrio porteño de Palermo, la Policía desalojó a los manifestantes.
Se trataba de un grupo de trabajadores de empresas tercerizadas, que prestan servicios en las Líneas San Martín y Mitre de Trenes Argentinos, que protestaban con un corte total de vías a la altura de la estación Palermo.
El magistrado les imputó a un centenar de manifestantes implicados el artículo 194 del Código Penal, que forma parte del capítulo referido a los "delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación".
Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".