Procesaron al empresario Marcelo Porcel por abuso y corrupción de menores pero seguirá en libertad

El empresario Marcelo Porcel fue señalado como responsable de haber cometido abuso y corrupción de menores diez menores de edad del colegio Palermo Chico, aprovechando que estaba a cargo de su cuidado. Además, la justicia le embargó 112 millones de pesos y le prohibió su salida del país. Sin embargo, el hijo del fundador de Argencard permanecerá en libertad.

Además de la imputación por abuso sexual, el empresario fue señalado por el delito de corrupción de menores y por producción de material de abuso sexual infantil. "Los abusos concurren en forma ideal con el delito de corrupcion de menores de 13 años en al menos diez oportunidades en concurso ideal con la producción de representaciones de un menos de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”, se detalla en el documento judicial.

Marcelo Porcel, de 51 años, acompañado por su abogado Roberto Rallin, es un empresario conocido en el sector inmobiliario y agropecuario. La justicia lo señala como responsable de delitos contra compañeros de clase de su hijo, todos alumnos del Colegio Palermo Chico. Las familias de los chicos hicieron al menos diez denuncias, en las que cuentan que en casas y oficinas de Porcel los habría invitado a tomar alcohol y a participar en apuestas en línea.

Marcelo Porcel y familia

La causa contra el empresario comenzó el 5 de julio de 2024 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, con el fiscal Pablo Turano. El abogado de las familias denunció al empresario y pidió su detención. Los lugares donde habrían sucedido los abusos y que constan en la investigación incluyen su casa en Palermo, un departamento en Puerto Madero y sus oficinas. Entre las pruebas más fuertes está el análisis de su celular, donde se hallaron fotos de amigos de sus hijos desnudos y mensajes que sostienen la acusación.

Porcel, además de reconocido empresario, es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard. Además, preside Campazu S.A., dedicada a la producción agrícola y ganadera.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás, y se hicieron públicos cuando los padres comenzaron a limitar la participación de sus hijos en reuniones organizadas por él. Esto derivó en las denuncias formales en 2024. La indagatoria fue pedida por el fiscal, aunque se postergó por la incorporación de un nuevo denunciante.